CNA denuncia a jueces por amnistía política a exfuncionarios

El CNA denuncia a dos jueces por aplicar amnistía política y favorecer a exfuncionarios acusados de delitos contra la administración pública.

Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia formal contra dos jueces que habrían favorecido a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) mediante la aplicación del decreto 04-2022, conocido como «Amnistía Política» y denominado por la sociedad como «Pacto de la Impunidad».

Esta denuncia se enmarca en el rechazo de diversos sectores hacia la protección legal brindada a personas acusadas de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, declaró que la denuncia está dirigida contra un juez del Juzgado de Ejecución y un juez de letras de lo penal.

Ambos son señalados por la presunta comisión del delito de prevaricato judicial, al haber aplicado de manera indebida la Amnistía Política para exfuncionarios acusados de delitos comunes en contra de la administración pública.

Castellanos enfatizó: «Los dos impartieron justicia selectiva y se rindieron ante débiles argumentos».

Discurso de la Directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos.

Además, descargue aquí el informe «Amnistía, la nueva inmunidad política». ➡️ https://t.co/S7L7byqwUF pic.twitter.com/h87KMVKrkr

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Amnistía aplicada en casos controvertidos

La denuncia del CNA sostiene que estos jueces favorecieron a funcionarios que, bajo la justificación de «persecución política», lograron evadir procesos judiciales en su contra.

Entre los beneficiados con la amnistía se encuentran el expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Enrique Flores Lanza.

Así como el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.

Según la denuncia, la amnistía política se aplicó de manera expedita y sin un análisis exhaustivo de los cargos presentados.

Castellanos expuso que uno de los acusados fue favorecido solo por mencionar su cercanía con el expresidente Zelaya.

Mientras que el otro argumentó ser objetivo de los operadores de justicia debido a su cargo público, señalando un uso sesgado de la figura legal.

Añadió que esta situación crea un precedente peligroso, ya que permite que otros exfuncionarios busquen protección bajo la misma ley, lo que genera un escenario de impunidad.

“Se ha utilizado como una puerta abierta para que funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero 2006 al 28 de junio de 2009 para que puedan acogerse a este pacto por actos propios del ejercicio de su función pública”

El CNA presenta el informe de la denuncia «Amnistía, la nueva inmunidad política»

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Amnistía como vía para la impunidad

La Amnistía Política fue aprobada por el actual Congreso Nacional con la intención de proteger a exfuncionarios señalados por delitos políticos y comunes.

No obstante, Castellanos subrayó que este beneficio no debería extenderse a casos de delitos contra la administración pública, como sucedió con los casos de Chimirri y Flores Lanza.

La directora del CNA recordó que los diputados aprobaron el decreto 04-2022 sin temor a repercusiones legales, ya que se encuentran protegidos por el decreto 117-2019 de inmunidad parlamentaria.

Con esta denuncia el CNA busca impedir que la amnistía sea utilizada como un mecanismo para eludir la justicia en futuros casos.

“En el pasado denunciábamos cantidad de acciones de funcionarios del Partido Nacional y hoy denunciamos a personas que pertenecen a Libre, vendrá otro gobierno y el mismo actuar del CNA tendrán”

Además, el investigador del CNA, Luis Urbina, alertó que la amnistía puede fomentar que, con cada cambio de gobierno, los casos judicializados por el Ministerio Público se anulen bajo el pretexto de «persecución política».

«Como se hacía con el gobierno anterior, el actual va con las mismas prácticas», criticó Urbina.

Asimismo, confirmó que el CNA solicitará al Ministerio Público que inicie un proceso de antejuicio contra los jueces implicados.

Víctor Méndez, juez de letras de lo penal, y Alma Jacqueline Paz, jueza de ejecución, quienes ya no ocupan esos cargos.