Declaran culpable a exgerente y extesorero del SANAA por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios-HONDUSA TV

Fiscales Adscritos a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en las últimas horas obtuvieron sentencia condenatoria en contra del exgerente de lo que fuera el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) hoy Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) el señor Luis René Eveline Hernández y el extesorero del mismo ente, el señor Óscar Urbano Núñez Reyes.

El fallo que emana de tribunales especializados en materia de corrupción se da luego de la culminación de la etapa de debate o juicio oral y público por el proceso penal incoado en contra de exfuncionarios de lo que en su momento fue el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Por lo que, figuran como acusados Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungió como gerente legal del ente y actualmente prófugo de la justicia, Rodolfo San Martín Bendaña quien fungió como gerente financiero y quien además ya recibió una sentencia condenatoria en esta causa penal tras la aplicación de un procedimiento abreviado, Óscar Urbano Núñez Reyes quien era tesorero general y Luis René Eveline Hernández quien se desempeñó como gerente general del SANAA, éstos últimos hoy recibieron una sentencia condenatoria por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.

La FETCCOP durante las diferentes etapas del proceso sostuvo que hubo responsabilidad penal de estas personas afectando los recursos económicos del SANAA en virtud que las investigaciones evidenciaran entre otros aspectos que s analizado el proceso de asignación de fondos de caja chica del SANAA.

De esta manera, logró determinar que el perjuicio económico causado a la administración pública a través de la emisión de 5 cheques al beneficiario, Aníbal Rodríguez Umanzor quien fungía como gerente legal y antes mencionado suman L 725,000.00 lo cual queda evidenciado con toda la documentación.

Las autoridades fiscales sostienen que los imputados se habrían coludido y valido de su condición y funciones para aprobar y luego sacar fondos de la institución que finalmente traería beneficios personales.