Director del IP exhibe cheques vinculando a la esposa de Jorge Cálix en presunta red de corrupción

Tegucigalpa.- El director del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, publicó recientemente mensajes y documentos en sus redes sociales en los que afirma que el diputado Jorge Cálix no actuó solo en supuestas irregularidades dentro de la institución, sino que involucró también a su esposa, Camila Agüero. Bocanegra difundió lo que describe como un cheque emitido a nombre de Agüero, señalando que este sería una pieza clave del presunto esquema de corrupción relacionado con fideicomisos de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).

El director fue más allá al advertir públicamente que, de concretarse acciones judiciales, el diputado no llegaría solo al Centro Penal de Támara:
“No solo se irá a entregar usted, sino también deberá ir acompañado por su señora esposa Camila Agüero, por haber recibido pagos indebidos de fondos prohibidos como los fideicomisos de la UCP.”

Respuesta de Jorge Cálix: acusaciones políticas y rechazo total

Frente a estas denuncias, Cálix respondió con firmeza que las acusaciones obedecen a una estrategia política para impedir su inscripción en las próximas elecciones. En entrevistas manifestó: “Si tienen pruebas en mi contra, yo me entrego.”

También llegó a afirmar, en tono desafiante, que no se dejará intimidar: “La única manera que me puedan parar es con un tiro, pero asegúrense de pegarme en la frente.”

En sus declaraciones, el legislador consideró que Bocanegra actúa como un “empleado del narcofamilión” y que estas denuncias pretenden truncar su participación política.

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Datos que refuerzan la denuncia

Entre los documentos que circulan, aparece un cheque por L 178,247.22 vinculado a un contrato con la UCP del IP, que serviría de referencia para el pago irregular.

Además, fuentes noticiosas han señalado que este tipo de acusaciones se enmarca en un conjunto de 41 expedientes que Bocanegra asegura tener listos para remitir al Ministerio Público, todos ellos relativos a irregularidades en la gestión del IP.

Si las denuncias avanzan y los documentos son admitidos como pruebas, Cálix y su esposa podrían enfrentar cargos de corrupción, abuso de bienes públicos o recepción de fondos prohibidos. Pero más allá del juicio legal, esta confrontación adquiere un fuerte tono político en plena etapa previa a las elecciones, donde acusar públicamente a un diputado importante del partido liberal tiene resonancia nacional.

Para el público, estos sucesos plantean preguntas incómodas: ¿cuánta credibilidad tendrán las acusaciones si no se difunden los documentos completos? ¿Existe voluntad real de que el proceso avance con transparencia? Y, sobre todo, ¿qué impacto tendrá esto en la carrera electoral y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones?

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