En libertad se defenderán exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, celebró audiencia Inicial y dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en la causa instruida contra el exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Ricardo Rodriguez, asimismo, para Douglas Javier Murillo Barahona, Karen Yadira Martinez Villatoro y Santiago Antonio Reyes Paz, por suponerlos responsables de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública.

La audiencia preliminar se señaló para jueves 18 de abril del presente año, a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, los altos exfuncionarios presuntamente influyeron en la institución con el fin de favorecer a terceros con información manipulada de sus auditorías, por ello se les acusa por esos dos delitos.

Todo dio inicio en el mes de noviembre de 2023, cuando se recibió una denuncia anónima en el Ministerio Público donde se manifestaba que en el departamento de Auditorías del Sector Municipal del TSC, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Fue así, que de inmediato equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) procedieron a realizar las investigaciones correspondientes.

Dentro de las acciones realizadas por los fiscales y agentes de la ATIC están la incautación de informes y pliegos de responsabilidad, vídeos de las cámaras de seguridad, toma de declaración testifical por parte de empleados que estaban siendo presionados para cambiar las auditorías a municipalidades, lo que al final logró comprobar cómo funcionan dentro del TSC redes de empleados que aprovechándose de sus cargos influyen en los demás subalternos a fin de que emitan resoluciones contrarias a la ley para beneficiar a terceros.

El Ministerio Público reitera a la población su compromiso de llevar a cabo su misión constitucional de persecución penal y garantiza, además investigar los actos de corrupción en cualquiera de sus manifestaciones.