Gobierno de Libre contrata asesores por 630 mil dólares para mejorar relaciones con los EE.UU

El gobierno de Honduras, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, contrató a la firma Arnold & Porter Kaye Scholer LLP «con el fin de mejorar y profundizar las relaciones de la República con el gobierno de los Estados Unidos de América», según un contrato publicado ayer en la página de Foreign Affairs Registration Act del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según se indica, la firma también subcontratará para «la asesoría y el diseño de estrategia» al ex embajador estadounidense Hugo Llorens quien estuvo asignado a Honduras entre 2008 y 2011.

El documento detalla que Arnold & Porter le cobrará al gobierno hondureño US$630,000 por sus servicios profesionales, pagaderos a US$90,000 por mes, a partir del 1 de junio de 2023 al 31 de diciembre de 2023, es decir 2.2 millones de lempiras.

El contrato incluyen los honorarios por la asesoría y el diseño de estrategia por parte del Embajador Hugo Llorens y su compañía, Global Partners LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Florida.

Además la contratación estipula el mejoramiento de relaciones con el gobierno de Estados Unidos y de profundizar dichas relaciones con el mandato de Joe Biden, sin embargo, Arnold & Porter no promete ni da garantías del resultado que busca el gobierno hondureño.

La firma Arnold&Porter es un bufete especializado en representación de empresas y países, otorgándoles asesoramiento con 14 oficinas en Estados Unidos, Asia y Europa, contando con un staff de 132 abogados, de los cuales 94 ocuparon altos cargos en los gobiernos de Estados Unidos y Europa.

Arnold & Porter es una firma conocida en Centroamérica. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador la contrató en 2021 por un año por 1.2 millones de dólares, contrato que no renovó en 2022 cuando ya ese gobierno había empeorado sus relaciones con los Estados Unidos.

Esta firma también fue contratada en 2019 por el gobierno de Juan Orlando Hernández, según publicó el Washington Post en ese entonces.

El Gobierno de Honduras contrató a la firma Arnold & Porter por 475,000 dólares en 2019, con fondos provenientes de la Secretaría de Finanzas, según el Washington Post para presionar a los fiscales durante el proceso del juicio de Tony Hernández, hermano del expresidente y excongresista.

Según la información del caso en contra de Tony Hernández, los fiscales mencionaron que, en septiembre de 2019, la firma buscó advertir a los fiscales sobre «consecuencias colaterales» relacionadas con las bases militares de los Estados Unidos en Honduras, así como «asuntos migratorios no relacionados».