Juzgados en Materia de Corrupción dicta medidas cautelares para la exministra de Salud Yolani Batres-HONDUSA TV

El Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción en audiencia de declaración de imputados dictó medidas cautelares a la exministra de Salud, Yolani Batres, implicada en un caso de corrupción, por contratos asignados para creación de software entre otros.

Batres, además es acusada presuntamente por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, informó este lunes el Poder Judicial.

Entre las medidas que cumplirá la exfuncionaria de salud es no salir del país, presentarse a firmar el libro de entrada en los Juzgados de Letras de lo Penal en materia de corrupción y que su apoderado legal presente un informe.

Asimismo, están acusados la exdirectora del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Gladys Hermelinda Paz Día, el exadministrador de la dirección del Marco Normativo de Regulación Sanitaria, Benelio Alvarado Membreño, la excoordinadora de la unidad de información, Lolita Vanessa Cordero y los empresarios Héctor Rolando Figueroa Fúnez, Luis Gerardo Zelaya y Cristian Adolfo Sánchez.

Cabe mencionar que los siete imputados son señalados por ser parte de una red de corrupción que, entre marzo y septiembre de 2014, defraudaron al estado por más de 7.8 millones de lempiras.

El hecho ocurrió mediante la adjudicación irregular y fraudulenta de nueve contratos de consultorías y diseños de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.

Según las investigaciones, las contrataciones violentaron la ley y a las disposiciones generales de presupuesto, en ese sentido, la exfuncionaria presentó un bien valorado en ocho millones de lempiras para poder gozar de medidas distintas a la prisión.

Por su parte, La Corte Suprema de Justicia (CSJ), realizará el lunes 17 de octubre a las 9:30 de la mañana la audiencia inicial para determinar si la acusada es culpable por los delitos de fraude y violencia a los deberes de los funcionarios.

Además, por formar parte de una red que entre marzo y septiembre del 2014, defraudó al Estado por más de 7.8 millones de lempiras, mediante irregularidades fraudulentas de nueve contratos de consultorías y diseño de software orientados a la automatización de procesos para la vigilancia, fiscalización y control del Marco Normativo en Salud.