MP ejecuta operación “Poseidón III” en diversos sectores del país en combate a la corrupción y diferentes delitos-HONDUSA TV

Este jueves desde horas de la mañana el Ministerio Público (MP), ejecuta operación “Poseidón III” en diferentes partes del territorio hondureño, con el fin de dar respuesta a la corrupción, entre ellos pruebas relacionadas al derroche de millonaria compra de más de 47 millones de dólares durante la pandemia del Covid-19.

La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), trabaja en las pruebas relacionadas a las supuestas compras irregulares en el sector Salud uno de los casos denominados Hospitales Móviles II, cuya línea de investigación está muy avanzada y de los que se espera individualizar responsabilidad penal a más participantes en este mega fraude en el que Inversión Estratégicas de Honduras (Invest-H).

Otro de los aspectos del MP en esta operación, es tutelar los derechos de los consumidores y los adultos mayores de cara a la Semana Santa, por lo que, en empresas de transporte, mercados, supermercados y varios centros turísticos y hospedajes se verifica precio y productos de temporada de supuestas ofertas y promociones.

Asimismo, La Fiscalía sigue recibiendo denuncias de víctimas vulnerables dentro de las instalaciones de la Dirección Policial de Investigación (DPI), u otras independencias policiales, consecuentemente en el marco de la operación se imponen medidas de seguridad contra agresores de mujeres y se coordina con otros despachos fiscales las diligencias de conformidad a los delitos cometidos.

En este caso la Fiscalía Especial de la Mujer (FEPMUJER), presentó cinco requerimientos fiscales y coordina la ejecución de ocho capturas por violencia de genero reportada en la capital.

También, denuncias por fraudes bancarios que están siendo trabajados por la Fiscalía Especial de Propiedad intelectual y Seguridad Informativa (FEPROSI), luego de un repunte registrado en los últimos meses.

Para el caso, solo en marzo 110 casos se pusieron en conocimiento del Ministerio Público y de la unidad de Ciberdelitos de la DPI, con perjuicios de entre 10 mil a un millón de lempiras por cliente afectado.