MP y DPI realizan allanamiento al TJE: secuestro de documentos y denuncia de amenazas por parte de magistrados

Tegucigalpa.- El clima de tensión electoral en Honduras escaló este martes cuando fiscales de la Ministerio Público de Honduras (MP), junto con agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llevaron a cabo un operativo de allanamiento y secuestro de documentos en las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Detalles del operativo

Los agentes ingresaron al edificio del TJE y requisaron diversos archivos físicos y digitales, incluyendo actas, memorias USB y documentación de expedientes jurisdiccionales, en el marco de una investigación preliminar contra los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Las fuentes informan que no se ha detallado oficialmente el motivo específico del allanamiento ni las causas por las que se solicita esa documentación.

Reacciones de los magistrados

Flores Urrutia denunció que su vivienda se encontraba sitiada por agentes estatales como parte del operativo. Por su parte, la magistrada Barahona advirtió que tanto ella como Flores podrían enfrentar una orden de captura, alegando que “no se está cumpliendo con el debido proceso”.

Contexto político y electoral

Este suceso ocurre en un momento de alta sensibilidad, a escasas semanas de las elecciones generales. El TJE ha sido objeto de disputas internas y denuncias de irregularidades previas, incluyendo peticiones formales del MP para que este tribunal remita expedientes relacionados con sesiones y decisiones que habrían sido adoptadas sin quórum.

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Implicaciones para la credibilidad institucional

La intervención del MP y DPI en el TJE plantea un dilema de impacto institucional: si bien el Estado puede tener facultades para investigar, la presencia de operativos policiales y fiscales directamente en el órgano jurisdiccional electoral podría minar la confianza ciudadana en la independencia del sistema electoral. Expertos advierten que esta clase de acción compromete la percepción de imparcialidad del proceso.

¿Qué sigue?

• El MP deberá explicar los fundamentos legales del procedimiento: los artículos invocados, el mandato judicial (si existe) y qué documentos específicos se requisaron.

• El TJE, por su parte, deberá emitir un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento y garantizar que la custodia, conservación y cadena de custodia de los documentos estén protegidas.

• Los partidos políticos, la sociedad civil y organismos de observación electoral deben monitorear de cerca la evolución del caso, ya que podría tener repercusiones para la etapa previa al voto y para la legitimidad final del proceso electoral.

Conclusión

El allanamiento realizado por el MP y la DPI al TJE representa un episodio grave en el entorno electoral hondureño. Más allá del fondo de la investigación, lo que está en juego es la autonomía, transparencia y credibilidad del órgano encargado de resolver conflictos electorales. En un año ya marcado por tensiones institucionales, esta intervención añade un nuevo factor de complejidad al escenario de las elecciones 2025.

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