Oswaldo Ramos Soto asegura que es inocente de supuestos actos de corrupción que presentó el MP

El exdiputado del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, aseguró este miércoles que es inocente de supuestos actos de corrupción que presentó el Ministerio Público en contra de 14 diputados y excongresistas del Congreso Nacional.

Por tanto, Ramos Soto, indicó que él llega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a cumplir con la citatoria, “tengo mis argumentos y medios probatorios para evidenciar mi inocencia y dar la cara para que mi familia no sea señalada ante el pueblo hondureño”.

En ese sentido, dijo que los tribunales están para conocer todos los casos que se puedan interponer, pero también uno puede evidenciar su inocencia.

Entre los exdiputados que son acusados son José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino.

Chedrani y José Vicente León son acusados por la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado activos; mientras que Oswaldo Ramos Soto, Rodimiro Mejía y Ricardo Díaz Aceituno, por fraude.

También, fueron acusados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO).

Asimismo, son señalados Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Casulá Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya por ser los encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre.

Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.

Desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG’s se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Además, se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil, captando los directivos de la ONG’s el dinero de los proyectos y retornándolo a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, como es el caso de Chedrani Castañeda quien percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones o Ramos Soto que fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras.