Presentan primer informe de hallazgos veeduría Internacional – HONDUSATV

Tegucigalpa. – La exigencia por la rendición de cuentas al Congreso Nacional y el respeto a la evaluación meritocrática de candidatos a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son fundamentales para evitar la discrecionalidad en el nombramiento de los funcionarios judiciales que tendrá lugar en enero de 2023, alertaron expertos internacionales que realizan observación al proceso selección durante su primera visita a Honduras.

El panel de expertos internacionales, conformado por: Eric Van Vugt (Estados Unidos), Evelyn Villarreal (Costa Rica), Jaime Chávez Alor (México), José Carlos Ugaz (Perú) y Paulina Aguirre (Ecuador), realiza su primera de tres visitas al país para recabar información y reunirse con actores de interés, incluyendo la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados a la CSJ, diputadas y diputados del Congreso Nacional, miembros de sociedad civil, academia, sector privado y medios de comunicación.

Esta iniciativa de veeduría de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) busca incrementar los estándares de transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en los procesos de elección de los funcionarios judiciales. El proceso de observación se realizará entre octubre de 2022 y enero de 2023, distribuido en tres etapas de valoración: la etapa preparatoria, de evaluación técnica y la de nombramiento.

Los hallazgos de esta primera visita se enfocan en la etapa preparatoria del proceso de elección de la CSJ, que incluye la aprobación de la normativa aplicable, la conformación de la Junta Nominadora, preparación de documentos técnicos y de postulación; transparencia, publicidad y participación ciudadana.

En el informe, los veedores destacaron que la elección de magistrados y magistradas de la CSJ para el período 2023-2030 es un proceso vital para el futuro de justicia hondureña, lucha contra la corrupción y crimen organizado, promoción de la seguridad ciudadana y reducción de los niveles de impunidad en el país.

No obstante, señalaron con preocupación que no existe claridad en el manejo de denuncias y potenciales conflictos de interés de los postulantes ni miembros de la Junta Nominadora, lo que puede dar lugar a incertidumbre si no se establecen a la brevedad criterios para su regulación.

Particularmente, apuntaron que “los encomiables esfuerzos realizados para el funcionamiento de la Junta Nominadora y sus criterios de evaluación y selección, contrastan con una amplia discrecionalidad del Congreso de la República una vez que reciba la relación de los nominados” y añadieron que “esta falta de transparencia y reglas claras confabula contra la neutralidad del proceso y su limpieza, por lo que recomendamos al Congreso que establezca un mínimo de reglas que determinen previsiblemente cómo se va a llevar el proceso en ese poder del Estado”.

Por otro lado, el grupo de observadores constató que, a cinco días del cierre de las postulaciones, solo 22 postulaciones habían sido recibidas por la Junta Nominadora y aunque se prevé que el número aumente, la situación evidencia la existencia de algunos elementos que pueden haber actuado como restricciones de acceso o factores de desincentivo.

Otra restricción encontrada es la falta de mecanismos específicos para incorporar a sectores excluidos como manda la ley (género, afrodescendientes, discapacitados, etc.), lo que ha impedido su significativa presencia en el proceso.

El análisis, opinión técnica y recomendaciones de los expertos internacionales son una contribución a los esfuerzos de incidencia para mayor transparencia, participación ciudadana, meritocracia e igualdad de condiciones de participación, siendo estos los cuatro pilares que deben regir todo proceso de elección de altos funcionarios judiciales, según los estándares internacionales.