Reformas constitucionales frenan llegada de la CICIH a Honduras

Las reformas constitucionales obstaculizan la instalación de la CICIH en Honduras, revela asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.

Honduras.- El asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales, reconoció este martes que faltan cinco puntos de los 14 solicitados por la ONU para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Esta situación complica la llegada de la comisión al país, pese a los esfuerzos del gobierno.

“Por ejemplo la venida de la CICIH, ¿Quién la detiene?, primero las condiciones que la ONU pone, cuando vino la OEA no le puso condiciones a Juan Orlando, vino y se instaló se asoció con la Fiscalía y la Corte”

Con estas palabras, el asesor evidenció las diferencias en el trato que la ONU exige a la actual administración en comparación con la anterior.

Zelaya enfatizó que la presidenta Xiomara Castro ha solicitado la instalación de la CICIH, pero ha enfrentado una serie de exigencias por parte de la ONU.

«Ellos son los que han puesto las condiciones, no nosotros,» aclaró el asesor, subrayando la disposición del gobierno para acatar las demandas internacionales.

Entre las condiciones pendientes, Zelaya destacó que varios instrumentos solo pueden ser modificados a través del Congreso Nacional, lo que implica reformas constitucionales.

La ONU ha solicitado 14 puntos en total, de los cuales nueve ya se han resuelto, a pesar de las difíciles circunstancias.

Los cinco puntos restantes requieren de 86 votos en el Congreso, una tarea que Zelaya califica como compleja pero necesaria.

“Nosotros lo que queríamos es que vinieran a perseguir la corrupción y el saqueo que hubo acá en los 12 años de gobierno nacionalista” subrayó Zelaya, apuntando a la necesidad de acuerdos políticos y el respaldo popular para avanzar en la lucha contra la corrupción.

«Se necesitan hacer acuerdos con el Congreso, la democracia y con el pueblo para tener la visión de salir adelante,» concluyó.

La instalación de la CICIH es vista como una medida crucial para fortalecer el sistema de justicia en Honduras y combatir la corrupción sistémica.

No obstante, la necesidad de reformas constitucionales y el consenso político necesario plantean un reto significativo para el gobierno de Xiomara Castro.