HONDURAS
Requerimientos contra diputados y exfuncionarios por corrupción

El Ministerio Público presentó diversos requerimientos fiscales contra diputados, exmagistrados y otros funcionarios por diferentes delitos.
Honduras.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público (MP) ha interpuesto requerimientos fiscales contra varios diputados, exmagistrados y funcionarios públicos.
Estos son acusados de diversos delitos relacionados con actos de corrupción.
Esta acción se lleva a cabo a través de la Fiscalía Especial contra la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).
En una operación a nivel nacional que incluye allanamientos y capturas en diferentes zonas del país.
Entre los acusados destaca la diputada Gladis Aurora López, quien enfrenta un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos por uso diferente.
Junto a la legisladora nacionalista, se señala a otras tres personas, entre ellos dos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
#Importante || 📍🚨 El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra la diputada nacionalista Gladis Aurora López por malversación, junto a otros tres involucrados, incluidos dos exfuncionarios de la ENEE.
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— HONDUSA TV (@HondusaTV) December 9, 2024
Según las investigaciones, López habría gestionado un proyecto de energía para la comunidad de La Ceibita, en Opatoro, La Paz, mediante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sin embargo, se descubrió que el proyecto fue desviado hacia una iniciativa privada en San Pedro Sula, incumpliendo su objetivo inicial de alumbrado público.
Más requerimiento que ponen al descubierto una enmarañada red de corrupción
En el marco del día Internacional Contra la Corrupcion, MP ejecuta allanamientos y capturas. pic.twitter.com/FjjvxXEGC5
— Ministerio Público (@MP_Honduras) December 9, 2024
La operación también involucra a cinco ex magistrados de la Sala de lo Constitucional del periodo 2016-2023, quienes fueron acusados de prevaricato.
Esta figura delictiva se refiere a la emisión de resoluciones contrarias a la ley en beneficio de intereses particulares.
Ejemplo de ello, el juez municipal de Santa Rosa de Copán, Bayron Hernández Castañeda, enfrenta acusaciones de concusión.
Esto, por presuntamente obligar a privados de libertad y menores infractores a trabajar sin remuneración en la construcción de su vivienda personal.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) ha dado inicio a acciones penales contra funcionarios del Ministerio Público.
Así como agentes de la Policía Nacional, acusándolos de múltiples delitos.
Fraude a la máxima casa de estudios
Además, el juez ejecutor German Ubaldo Flores y Carlos Manuel López, presidente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sidunah), y varios particulares enfrentan acusaciones por su participación en una compleja trama de corrupción.
Esta red habría sustraído más de 80 millones de lempiras de la máxima casa de estudios.
Mediante resoluciones judiciales fraudulentas, destinando estos fondos de forma ilícita a cuentas personales.
Falsificación de documentos para la obtención de licencias ambientales
En la misma línea, la secretaria municipal de Tocoa, Colón, Norma Agripina García, enfrenta acusaciones de falsificar un acta de cabildo abierto de 2016.
Con el fin aprobar ilegalmente proyectos mineros de Ecotek/Pinares y así obtener una licencia ambiental.
Más opacidad expuesta en entes estatales
Agregado a estos casos, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó formalmente a Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de COPECO.
Así como a otros exfuncionarios y empresarios por el desvío millonario de fondos destinados a la construcción de puentes, como parte del programa ‘Prevención y Mitigación de Desastres Naturales’.
Estos fondos, provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 18 millones de dólares, debían ser utilizados para proteger a la población hondureña ante eventos naturales.
Finalmente, Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara fueron acusados de lavado de activos.
Específicamente por intentar ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Hasta el momento, las autoridades han reportado la captura de al menos 10 personas como parte de esta operación anticorrupción, en la que se espera que continúen las acciones legales en los próximos días.