“Soy inocente”, asegura Arturo Bendaña

Exministro de Salud, Arturo Bendaña, se declara inocente ante graves acusaciones de fraude millonario contra el Estado hondureño.

Honduras.- El exministro de Salud de Honduras, Arturo Bendaña, afirmó ser inocente de los cargos que se le imputan en relación con un presunto fraude multimillonario al Estado, en su llegada a los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

«Soy inocente», expresó brevemente a los medios de comunicación, antes de ingresar a la audiencia de imputación.

En esta comparecencia se le notificaron los delitos por los cuales es investigado durante su gestión como funcionario público.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal que involucra a exfuncionarios de la Secretaría de Salud.

Así como empresarios acusados de participar en un esquema de corrupción que desvió más de 224 millones de lempiras (L.224,994,921.30).

Según la investigación, entre los años 2010 y 2012, estos individuos se habrían beneficiado de compras irregulares de medicamentos, equipo quirúrgico y suministros médicos, afectando gravemente al sistema de salud hondureño.

Entre los imputados, además de Bendaña, se encuentran Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra. 

Así como Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez.

Los cargos incluyen fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de deberes de los funcionarios y encubrimiento.

El expediente detalla que los acusados utilizaron contratos fraudulentos y licitaciones amañadas.

Creando incluso una figura ilegal denominada “xtrafinanciamiento”, con el fin de encubrir los delitos y facilitar la adquisición de bienes sin respaldo legal.

Este esquema ilícito, presuntamente aprobado por el exjuez Rivas Sánchez, mediante resoluciones judiciales irregulares, permitió a las empresas involucradas reclamar pagos ilegítimos al Estado.

Las consecuencias de este acto de corrupción han sido devastadoras para miles de hondureños, quienes se vieron privados de medicamentos y suministros esenciales.

Los hospitales del país enfrentaron una grave escasez, dejando a los pacientes más vulnerables sin acceso a tratamiento médico adecuado.

Muchos compatriotas tuvieron que recorrer largas distancias para buscar atención, solo para regresar sin los recursos médicos necesarios, víctimas de un sistema que les falló en su momento más crítico.

Este caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración pública hondureña.

Las autoridades judiciales enfrentan el reto de asegurar que los responsables de este fraude rindan cuentas y que la justicia se imponga sobre aquellos que, abusando de su poder, contribuyeron al deterioro del sistema de salud en el país.

Las audiencias continuarán en los próximos días.

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