Acontecimientos judiciales de alto impacto en Honduras durante el 2023

Acusaciones por corrupción, orden de arresto al presidente del Partido Nacional y decisiones judiciales impactantes marcaron el panorama legal en Honduras durante el 2023, generando debates y reflexiones.

Honduras.- El panorama judicial hondureño durante el año 2023 ha sido marcado por una serie de acusaciones y decisiones que han resonado profundamente en la esfera política y social del país.

Entre estos, los casos más sobresalientes han implicado a prominentes figuras políticas y funcionarios de alto rango, generando un debate público sin precedentes.

En el epicentro de estas circunstancias judiciales, las acusaciones por corrupción han acaparado la atención.

La exdiputada del Partido Nacional, Sara Medina, y la ex secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, se han visto enfrentadas a imputaciones que han resonado en los cimientos de la esfera política hondureña. 

Asimismo, las implicaciones legales que han rodeado a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández han sido un foco crucial de la narrativa judicial del país.

Sumado a estas destacadas acusaciones, el caso de la exfiscal Francia Medina ha añadido capítulos adicionales a la trama judicial del año. La emisión de una orden de arresto contra el presidente del Partido Nacional, David Chávez, ha consolidado aún más la atención mediática en torno a las figuras políticas encausadas.

Por estos y más acontecimientos judiciales, compartimos contigo los detalles los casos más sonados del 2023

Caso: Mario Pérez, sobreseído

Mario Pérez, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional.

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El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, enfrentó acusaciones por amenazas contra un guardia del Congreso.

Tras conciliar con la víctima, el juez emitió sobreseimiento definitivo el 12 de diciembre.

El caso se vincula a un incidente violento el 31 de octubre durante disturbios en el Legislativo, donde Pérez admitió haber apuntado su arma para resguardar a los congresistas de ataques de supuestos colectivos de Libre, resultando herido el diputado Antonio Rivera Callejas.

Caso: Matta Waldurraga

Ramón Matta Waldurraga.

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El 12 de diciembre, la Sala II del Tribunal de Sentencia Nacional absolvió a Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del narcotraficante Juan Ramón Matta Ballesteros, por lavado de activos, tras su extradición desde Colombia en 2022.

La acusación contra Matta se originó en 2017 como parte de la Operación Terremoto del Ministerio Público, Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.

La Fiscalía alegó la existencia de un grupo organizado, incluyendo a Matta Waldurraga, implicado en adquisiciones e inversiones ilegales.

Caso: Fondo Departamental

Este caso implica a varios funcionarios de la administración anterior, así como personas naturales, que presuntamente colaboraron en el desvío de fondos.

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El 13 de diciembre, la exdiputada nacionalista Sara Medina, el exdiputado Carlos Guevara y José Rogelio Sánchez, secretario general del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), fueron arrestados por fraude contra la administración pública. Los tres aguardan su defensa en libertad.

La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) indaga el desvío de L 42,500,000.00 destinados a proyectos sociales por medio de ONGs vinculadas al controvertido Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional.

Además, existe una orden de captura pendiente para los exdiputados Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez y Geovanny Castellanos Deras.

Para el caso de Gladys Bernarda Casco Cruz, en un acto voluntario, Casco Cruz se presentó ante el juzgado, donde se dictaron medidas cautelares específicas. La resolución del juez no incluyó la detención judicial, pero estableció condiciones precisas para el caso.

Caso: Desfalco millonario al BCH

Francia Medina, quien presumía de una vida excéntrica con dinero extraído del BCH, está suspendida como fiscal de la Fescco en San Pedro Sula.

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El 29 de noviembre, Francia Medina, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), fue arrestada en San Pedro Sula, norte de Honduras.

Se le acusa de sustraer 88 millones de lempiras resguardados en las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH).

Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva en la cárcel de Támara, Francisco Morazán, enfrenta cargos por la apropiación del dinero del BCH. Se encuentra pendiente la búsqueda de German René Silva Lemus, novio de Medina.

Caso: Hospitales móviles II

La exministra de Finanzas, Rocío Tábora y la exministra de salud, Alba Consuelo Flores; son señaladas por la presunta participación en el fraude en la compra de hospitales móviles durante la pandemia.

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El caso, presentado el 9 de noviembre, implica a Rocío Tábora, exsecretaria de Finanzas, Alba Consuelo Flores, exsecretaria de Salud, y Roxana Rodríguez, viceministra de Finanzas.

Son acusadas de fraude en la adquisición de siete hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19.

Tábora fue detenida el 13 de noviembre en la frontera El Guasaule, presuntamente intentando huir a Nicaragua, aunque esta versión se desmintió, asegurando que se entregó voluntariamente. Actualmente se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de mujeres en Támara.

Las demás involucradas están prófugas. Se las vincula a una presunta red de corrupción público-privada que fraudulentamente adquirió siete hospitales móviles por 47.5 millones de dólares para enfrentar la pandemia.

Caso: Confiscación de bienes a Tony Hernández

Juan Antonio Hernández Alvarado, fue encontrado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico en octubre de 2019, y más tarde condenado a cadena perpetua más treinta años de cárcel en marzo de 2021.

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El 21 de noviembre, el Juzgado con Jurisdicción Nacional de Privación de Dominio aprobó la acción de privación de bienes del exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández y su esposa, Vanesa Cruz.

La medida abarca una propiedad en la residencial San Ignacio de Tegucigalpa, cuatro vehículos y 16 cuentas bancarias.

La audiencia para la sentencia definitiva está programada para el 22 de enero de 2024 a las 11:00 a.m.

Hernández enfrenta una condena en Estados Unidos por narcotráfico, sentenciado en 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión.

Caso: Pandora II

La comparecencia de involucrados en el caso Pandora II, ha dejado al descubierto presuntos actos delictivos cometidos por figuras políticas de alto rango en la nación.

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En la extensión del caso de corrupción Pandora II, la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco) agregó el 11 de octubre acusaciones contra ocho exfuncionarios hondureños, incluyendo a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, junto al exsecretario de Finanzas Wilfredo Cerrato.

La Uferco afirma que estos ocho exfuncionarios establecieron una red de corrupción entre 2010 y 2013, involucrada en la aprobación de desembolsos de más de L 288,016,175.00 a fundaciones como Todos Somos Honduras y Dibattista, desde instancias como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la SAG y Banadesa.

Lobo Sosa, acusado de fraude, se defiende en libertad, mientras que Hernández enfrenta cargos por fraude y lavado de activos durante su mandato en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014.

Además, Juan Orlando Hernández aguarda juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, ex secretario de Finanzas, enfrenta acusaciones de fraude. Asimismo, por violación de deberes y fraude, se imputa a Jorge Johny Handal Hawit, ex gerente de Banadesa; Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, exgerentes administrativos de Sefin; Roberto Alonso Zúniga Barahona, director de presupuestos de Sefin; y David Eduardo Ortiz Hawit, exgerente financiero de Banadesa.

Caso: David Chávez

David Chávez, presidente del Partido Nacional en Honduras, es objeto de una intensa búsqueda tras una orden de captura por presunta corrupción.

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El martes 28 de noviembre, el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional, Criminalidad Organizada y Corrupción emitió una orden de captura contra David Chávez, dirigente del Partido Nacional, acusándolo de delitos de corrupción.

La orden surgió después de que las autoridades migratorias lo interceptaran en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos.

Chávez enfrenta presunta responsabilidad por fraude y violación de deberes de funcionario, relacionados con la presunta sobrevaloración en la adquisición de un software durante su gestión como director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013.

Caso: Kevin Solórzano

“Yo demostré que era inocente y eso es lo más importante para mí y mi familia, porque no volveré a la cárcel”, manifestó Kevin tras conocer la resolucipón.

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El 9 de agosto, el Tribunal de Sentencia Nacional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo absolutorio para Kevin Solórzano Hernández.

El estudiante universitario, acusado de asesinato y tentativa de asesinato en el caso del exfiscal del Ministerio Público Edwin Eguigure y su esposa María Auxiliadora Sierra en 2014, fue declarado inocente en la Sala II tras una repetición del proceso judicial.

El veredicto revocó la condena de 33 años de reclusión que había recibido en septiembre de 2017, otorgándole finalmente su inocencia después de un proceso prolongado.

Caso: Destitución de la jueza Karla Romero

La Corte Suprema de Justicia canceló el acuerdo de nombramiento de la jueza Karla Romero, quien es recordada por juramentar a la presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión del poder y por presentar varios recursos de inconstitucionalidad.

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El 22 de agosto, la Corte Suprema de Justicia revocó el nombramiento de la abogada Karla Romero como jueza del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa debido a faltas graves en el desempeño de sus funciones.

El dictamen se basó en un informe oficial que detalló varias irregularidades, incluyendo su implicación en un accidente de tránsito el 31 de marzo y retrasos en la emisión de sentencias.

El incidente vial y la demora en resolver casos asignados fueron factores determinantes en su destitución, destacados en la investigación de la CSJ.

Romero se hizo conocida en la sociedad hondureña por tomar juramento a la presidenta Xiomara Castro el 27 de enero de 2022, debido a la ausencia del presidente del Congreso Nacional, cumpliendo así con la Constitución que establece la juramentación por un juez de letras o paz en ausencia del titular del Congreso.

Caso: Bartolo Fuentes

Según el ente acusador del Estado, el diputado en enero de 2022 se encontraba en el Congreso Nacional y mientras se discutían temas de educación, habría ofendido verbalmente a féminas incluyendo a la denunciante Melbi Ortiz.

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El 24 de agosto, un juez de letras designado emitió un auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión contra el diputado del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, por violencia contra su colega de bancada, Melbi Ortiz.

La resolución indica que Fuentes será enjuiciado por violencia contra la mujer agravada, aunque se le eximió de cargos por tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La acusación se originó en la denuncia presentada por Ortiz en febrero de 2022, alegando que el legislador la agredió durante una reunión en el Congreso Nacional para deliberar sobre los puestos de la gobernación departamental de Yoro.

Caso: Santos Orellana

Excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Orellana.

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La Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de la CSJ absolvió en junio a Santos Rodríguez Orellana, excapitán de las FF.AA., su esposa Jennifer Bonilla y su suegra Reina Bonilla del delito de lavado de activos.

El Ministerio Público acusó a Rodríguez de retener parte de lo incautado en operativos en Gracias a Dios y de enviar armas decomisadas a un grupo delictivo en La Ceiba, conocido como ZIPE.

Caso: Invest-H

Se alega el uso irregular de recursos destinados a la emergencia del COVID-19.

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El 23 de febrero, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción emitió una condena unánime de 6 años de prisión y una multa de 39 millones de lempiras al exdirector de Invest-H, Marco Bográn, por la compra irregular de 474 mil mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

Bográn fue hallado culpable de fraude y violación de deberes.

La sentencia incluye su inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por el doble de tiempo de su pena.

En el mismo caso, el exadministrador Alex Moraes enfrenta una condena de 4 años y 6 meses, con inhabilitación especial para puestos directivos en instituciones estatales.

Ambos exfuncionarios enfrentan cargos por la adquisición fraudulenta de siete hospitales móviles para combatir la pandemia.

Caso: Fredy Nájera

Fredy Nájera, exdiputado del Congreso Nacional.

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En febrero pasado, el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional emitió una orden de arresto contra el exdiputado Fredy Nájera por un asesinato y la tentativa de asesinato de otra persona.

Esta orden se llevará a cabo después de que Nájera cumpla su condena de 30 años en Estados Unidos por narcotráfico.

En 2013, Nájera fue absuelto de los cargos de asesinato y tentativa de asesinato contra Claudio Rigoberto Méndez Acosta y un testigo protegido.

Sin embargo, el Ministerio Público apeló ante la Sala de lo Penal de la CSJ, que ordenó un nuevo juicio en su contra.

Estos acontecimientos judiciales han fungido como espejo de una sociedad hondureña que demanda transparencia, justicia y rendición de cuentas. El escrutinio público sobre estos casos ha sido la manifestación de un clamor por la integridad institucional y la consolidación de un sistema judicial justo y equitativo en Honduras.