HONDURAS
Agentes de DIPAMPCO a prisión preventiva por delitos graves

Diez agentes de DIPAMPCO fueron enviados a prisión preventiva, acusados de cometer siete delitos durante un allanamiento irregular en Cortés.
Honduras.- El Poder Judicial dictó prisión preventiva para 10 agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU).
A los agentes se les acusa de siete delitos, esto tras un allanamiento ilegal ocurrido en Villanueva, Cortés.
Según el requerimiento fiscal, el 13 de noviembre de 2023, los agentes ingresaron sin orden judicial a la vivienda de dos personas filipinas, a quienes les sustrajeron pertenencias.
Posteriormente, uno de los afectados fue trasladado a un basurero, donde le plantaron armas y drogas.
Las víctimas fueron acusadas de tráfico de drogas y porte ilegal de armas, basándose en un informe manipulado por los agentes.
Entre los detenidos figuran:
- Yony Omar Raudales Núñez
- Wilmer Joel López Gómez
- Esdras Sadrat Amaya Martínez
- Evely Dalian Triminio González
- Elvin Antonio Ramos Ramos
- Wuilson Isaac Bonilla Hernández
- Lener Gilberto Quintanilla Gallardo
- Bertha Janina Alemán Antúnez
- Nerys Desiderio Mejía Rodríguez
- Fernando Josué Castellanos Canales.
Cargos contra los acusados
El Ministerio Público imputa los delitos de allanamiento por funcionario público o empleado, robo agravado con violencia o intimidación continuada.
Así como privación ilegal de la libertad, tortura y asociación para delinquir.
Los agentes Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos, Yony Omar Raudales Núñez y Bertha Janina Alemán Antúnez también enfrentan acusaciones por el delito de falsificación de documentos públicos.
Adicionalmente, Mejía Rodríguez está imputado por falso testimonio.
Por otro lado, Andy Josué Pérez Zelaya, quien ya se encuentra recluido por otro caso, es acusado como el undécimo implicado, y se espera que esta semana se lleve a cabo su audiencia de imputación en relación con este nuevo proceso.
Tras las investigaciones, los 10 implicados fueron trasladados a la cárcel de Támara, en Francisco Morazán.
El auto de formal procesamiento resalta la gravedad de los hechos, catalogando el allanamiento y las posteriores acciones como violaciones flagrantes a los derechos humanos.
La Fiscalía busca esclarecer si existen más implicados en el caso y asegura que se mantendrá firme en la lucha contra los abusos de autoridad.