Amnistía: Crucial para reducir la crisis migratoria

Más de 462,000 beneficiados con la amnistía migratoria en Honduras, pero su fin en 2024 amenaza una crisis. El Congreso debe actuar para evitar consecuencias humanitarias devastadoras.

Honduras.- Con más de 462,000 individuos irregulares ya beneficiados por una amnistía migratoria, la advertencia es clara: si el Congreso Nacional no extiende esta medida en el 2024, se avizora una escalada devastadora en la situación migratoria del país.

El pronunciamiento contundente proviene de la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Elsy Reyes, quien enfatiza que esta ampliación es esencial para salvaguardar no solo la vida e integridad personal de los migrantes, sino también para evitar una cascada de violaciones a los derechos humanos, especialmente entre aquellos en condición de vulnerabilidad.

La amnistía, vigente desde enero hasta noviembre del 2023, ha sido un salvavidas para casi medio millón de personas, permitiéndoles trazar rutas más seguras y evitar cobros de sanciones administrativas por ingresar irregularmente al país.

Este respiro ha sido fundamental, especialmente, para los miles de mujeres, hombres, niñas y niños que han atravesado el territorio hondureño en busca de un futuro más prometedor.

Los números son impactantes: 120,006 mujeres, 248,549 hombres, 41,326 niñas y 52,223 niños han transitado por Honduras en este lapso.

Pero más allá de las estadísticas frías, hay historias de vida marcadas por la incertidumbre y la necesidad de un apoyo que va más allá de las fronteras.

Se estima que alrededor de 2,400 personas migrantes irregulares con edades avanzadas, incluso mayores de 90 años, han buscado esta ruta hacia Estados Unidos.

La amnistía no solo exime el pago de sanciones, sino que asegura que estos individuos no queden varados o estancados en lugares peligrosos.

Sin embargo, la sombra del 2024 se cierne amenazante. El panorama se torna cada vez más complejo y la urgencia de la situación no puede ser ignorada.

El Congreso Nacional tiene la responsabilidad inminente de abordar esta problemática y tomar medidas concretas: extender la amnistía migratoria o reformar la Ley General de Migración y Extranjería, una solicitud que ha sido planteada desde el 2016 por el Comité para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

La magnitud de esta situación rebasa las fronteras nacionales.

Más allá de las políticas internas, existe una responsabilidad ineludible hacia los compromisos adquiridos en tratados internacionales que salvaguardan los derechos humanos de los migrantes.

Los datos revelan la diversidad de los beneficiados: 197,429 personas migrantes procedentes de Venezuela, 75,217 haitianos, 69,849 cubanos, 40,198 ecuatorianos y 10,322 colombianos han sido alcanzados por esta medida.

Además, el 90% de los migrantes irregulares ingresaron por la zona oriental del país, concentrándose principalmente en los municipios de Danlí y Trojes.

La historia de esta amnistía se remonta a mayo de 2022, cuando el Congreso Nacional aprobó una medida inicial eximiendo el pago de multas por tres meses.

Posteriormente, en agosto del mismo año, esta fue ampliada. La última extensión, hasta enero del 2024, fue aprobada el 31 de mayo del 2023.

La cifra de beneficiados no solo representa números, sino vidas resguardadas, familias en búsqueda de seguridad y un camino hacia la esperanza. Es imperativo que las decisiones legislativas estén a la altura de esta crisis humanitaria.

La ampliación de la amnistía no solo es una necesidad inmediata, sino un deber moral y legal hacia aquellos que buscan un destino mejor, atravesando fronteras y adversidades en su búsqueda por una vida más digna.