Caso Koriun: ¿Justicia avanza o solo más circo?

Gobierno anuncia proyecto de ley para pagar con fondos públicos a afectados por Koriun, desatando fuertes críticas y rechazo generalizado.

Tegucigalpa, Honduras.- El escándalo de la supuesta financiera Koriun Inversiones ha destapado no solo una masiva estafa piramidal, sino también un debate explosivo sobre el uso de los fondos públicos.

En medio del caos, el gobierno hondureño ha prometido, contra todo cálculo técnico y criterio jurídico, resarcir a los afectados con dinero del Presupuesto Nacional.

¿Populismo preelectoral? ¿Cortina de humo? ¿Descarado clientelismo? La polémica está servida.

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Koriun: el “invento financiero” que nadie reguló

Koriun Inversiones operó por al menos seis años fuera del radar —o mejor dicho, dentro de la vista gorda— de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), sin licencias, sin auditorías y sin controles.

Prometía rentabilidad fácil, casi mágica, y logró captar cientos de millones de lempiras de miles de personas, muchas de ellas trabajadoras del sector maquila.

El esquema, de corte Ponzi, colapsó como era previsible, y con él se desplomaron los sueños de cientos de familias.

El administrador de la empresa, Iván Abad Velásquez Castro, fue capturado recientemente, pero según analistas como Olban Valladares, “solo caerán los gatos”.

Mientras los verdaderos cerebros financieros tras la operación siguen sin dar la cara, el gobierno ha optado por lanzar un salvavidas —pagado por todos los hondureños— a los damnificados, sin esclarecer siquiera quiénes son los responsables reales de la trama.

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Gobierno anuncia proyecto de ley para indemnizar a víctimas

En un anuncio que sacudió las redes y crispó los nervios del sector empresarial, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, informó que, por instrucción directa de la presidenta Xiomara Castro, se elabora un proyecto de ley para compensar a las víctimas de la estafa de Koriun con fondos estatales.

“Como gobierno sensible a los reclamos e injusticias, por orden de la presidenta de la República se prepara en este momento un proyecto de ley que será enviado de urgencia al Congreso Nacional para apoyar a los afectados por la empresa Koriun, usando fondos del Presupuesto Nacional”

Sierra justificó la medida como un acto de justicia social. Pero los críticos no se han hecho esperar: ¿cómo se indemniza con fondos públicos a quienes invirtieron en una entidad ilegal? ¿No es esto legitimar la imprudencia financiera con dinero del pueblo?

Economistas y empresarios en pie de guerra: “Esto es populismo barato”

El economista Roberto Lagos ha sido una de las voces más duras.

Tildó de irresponsables las declaraciones de Sierra y cuestionó la viabilidad fiscal de la propuesta.

“¿Tiene idea el funcionario en cuestión a cuánto asciende la deuda preliminar de Koriun con los afectados? ¡La verdad lo dudo! Lo único que ha demostrado en estas últimas dos semanas es que nunca sabe nada”

El economista advirtió que muchos funcionarios han manifestado públicamente que el Estado está dispuesto a respaldar y devolver los fondos a los afectados, pese a que las operaciones de Koriun eran de carácter ilícito.

“¿Qué marco legal tiene el Gobierno para garantizar esos recursos? ¿De dónde saldrán esos fondos? ¿Será de la Tesorería General de la República?”

Lagos también alertó que la decisión pone en riesgo la relación con organismos multilaterales como el FMI, justo cuando el país busca colocar nuevos bonos soberanos para cubrir el déficit del sector eléctrico.

 “Me gustaría saber qué explicación le darán al FMI, si bien recuerdo todavía necesitan colocar otro bono soberano para cubrir el déficit en el sector energético”

Por su parte, el empresario Eduardo Facussé fue más tajante y cuestionó sobre ¿quién está detrás de Koriun? ¿Quién autorizó su operación por años?

Aseguró que usar dinero público para tapar un desfalco privado es una doble irresponsabilidad.

División política: entre el oportunismo y la prudencia fiscal

En el Congreso Nacional, las opiniones están divididas.

Mientras el presidente del Legislativo, Luis Redondo, celebró la decisión como una medida “humanitaria”, el diputado de Libre, Ramón Barrios, advirtió que sería un grave error político y financiero.

“Ojalá que con el dinero que hay se pueda pagar a la mayor parte de personas, pero va a quedar mucha gente estafada, repito me opongo a que con el dinero público solvente una transacción que es privada”

Por otra parte, el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, también se sumó a las críticas, recordando que Koriun operaba “ante la vista y paciencia” de las autoridades.

«Bajo ninguna justificación puede el Estado asumir la responsabilidad de reintegrar su dinero a las personas que podrían perderlo después de haberlo colocado en falsas inversiones de Koriun. Al menos no con dinero público»

El gran ausente: la Fiscalía y su eterna promesa de justicia

Mientras tanto, el Ministerio Público apenas ha capturado a dos de los implicados. No hay un plan concreto de recuperación de activos, ni una lista detallada de los responsables.

Para Valladares, esta es la crónica de una impunidad anunciada. “Van a encerrar a los gatos, ya tienen al administrador, pero es un empleado, quienes son los que vinieron de Estados Unidos a retirar 400 mil dólares”, sostuvo el analista.

Quien también apuntó que muchos de los aportantes eran “especuladores” disfrazados de víctimas, quienes apostaron hasta un millón de lempiras por retornos imposibles.

“Para liquidar una empresa se junta todos los activos donde se incautan los bienes personales de las personas que fraguaron porque hay que liquidarlos”

Usar fondos públicos sería ilegal y criminal

El abogado penalista Abel Orellana advirtió que el Estado hondureño no puede destinar fondos públicos para cubrir las pérdidas de los inversionistas afectados por la empresa Koriun Inversiones.

“El Ministerio Público debe actuar. Tiene que justificar de dónde proviene el dinero que estaba circulando en el caso de Koriun. Si esos fondos son ilícitos, lo primero que debe hacerse es sanear el caso a través de un proceso judicial y cárcel para los responsables. Pero la culpabilidad no puede recaer en el pueblo”

Orellana criticó fuertemente la pasividad de la CNBS, señalando que la entidad permitió que Koriun operara impunemente durante al menos seis años sin supervisión real.

Además, advirtió que si la Procuraduría General de la República autoriza el uso de recursos estatales para indemnizar a los afectados, podría haber responsabilidad penal y administrativa para los funcionarios involucrados.

 “No se puede justificar una acción negligente de los servidores públicos tocando el dinero del pueblo. Ese dinero son impuestos del pueblo pobre. No es justo que se utilicen para tapar huecos financieros originados en corrupción”

Koriun no declaró impuestos y ahora quieren que el pueblo pague la estafa

Koriun Inversiones no solo operó al margen de la ley, también lo hizo al margen del fisco.

La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Rosa Mariana Ríos, confirmó que la empresa nunca presentó declaraciones ni pagó un solo centavo en tributos al Estado hondureño.

“Una empresa como Koriun que no tiene control, que ha tenido sus operaciones fuera del sistema formal evidentemente ha tenido que hacer algún tipo de evasión que desconocemos porque esta empresa no tiene operaciones registradas en el SAR”

Mientras tanto, el gobierno insiste en la temeraria idea de compensar a los estafados con dinero público.

Eso sí, la directora del SAR evitó pronunciarse sobre la intención del Ejecutivo de sacar fondos del Presupuesto Nacional para pagarle a quienes decidieron invertir —por voluntad propia— en una empresa ilegal y no regulada.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, fue claro: “Nosotros pagamos impuestos para proyectos sociales, Koriun es una empresa privada”.

Qubain subrayó que Koriun jamás fue reconocida como institución financiera ni estuvo bajo vigilancia oficial.

“Koriun es una empresa que no está registrada de manera formal como empresa financiera, no son vigilados, los inversionistas de la empresa saben que toman un riesgo grave”

¿Quién paga los platos rotos?

El caso Koriun es mucho más que una estafa financiera.

Es una radiografía perfecta del descontrol institucional, del oportunismo político, de la negligencia regulatoria y del eterno deporte nacional: rescatar a los irresponsables con el bolsillo de los responsables.

Ahora, Koriun que nunca pagó impuestos, en complicidad del gobierno pretende que sea la ciudadanía —esa misma que paga impuestos todos los días— la que cubra los platos rotos.

Mientras tanto, la factura fiscal está por llegar. Y como siempre, la pagaremos todos.