CNA denuncia diez casos de corrupción de la actual administración

El CNA reveló este lunes diez casos de corrupción del gobierno actual y exigió al Ministerio Público que finalmente actúe.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) volvió a encender las alarmas en el tablero político hondureño.

Esto, tras denunciar públicamente que ha remitido al Ministerio Público diez casos de presunta corrupción vinculados a la administración gubernamental actual.

La exigencia: que se judicialicen de inmediato, antes de que la impunidad siga siendo una norma no escrita del sistema judicial.

Luis Urbina, jefe de investigación del CNA, no se guardó nada, lanzó una piedra que difícilmente pasará desapercibida en los pasillos del poder.

“Sólo pedimos que se judicialice estos que hemos hecho de también notorio conocimiento vinculadas a actos de corrupción y posibles delitos en perjuicio de la administración pública del actual gobierno”

Los señalamientos abarcan instituciones de alto perfil como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Planificación Estratégica.

Así como la Secretaría de Educación, el Congreso Nacional y el Hospital San Felipe, donde —según el CNA— hubo procesos de licitación inexistentes o plagados de irregularidades.

A esto se suman denuncias sobre la Tasa de Seguridad y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), dos entes que ya han sido centro de polémicas en administraciones pasadas.

Pero más allá del escándalo que implica mencionar a media estructura estatal en supuestos actos corruptos, el CNA se queja de un mal aún más preocupante: la inacción.

Urbina fue enfático al señalar que el Ministerio Público no ha brindado ningún tipo de acompañamiento ni avances concretos. Esto, pese al tiempo transcurrido desde que se presentaron los informes.

Y es que, como si se tratara de una tragicomedia repetida en bucle, los datos históricos no favorecen a quienes defienden la idea de un sistema judicial funcional.

Desde 2014, el CNA ha documentado más de 270 casos de corrupción que representarían un perjuicio fiscal superior a los 12 mil millones de lempiras.

¿El saldo judicial? Solo 33 casos han sido formalmente procesados.

El llamado de atención no es menor, sobre todo cuando la narrativa del actual gobierno se sostiene en la promesa de romper con los vicios del pasado.

Sin embargo, para el CNA, el cambio de actores no ha supuesto un cambio de guion.

La exigencia es clara: el Ministerio Público debe actuar, no con discursos ni comunicados, sino con requerimientos fiscales.

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