Nuevos requerimientos por festín de corrupción con fondos públicos

Tres nuevos requerimientos fiscales exponen millonarios casos de corrupción y lavado en IHSS, Banadesa y OABI, según reveló el Ministerio Público.

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó este 12 de mayo tres nuevos requerimientos fiscales que involucran casos de corrupción y manejo irregular de fondos públicos en distintas entidades del Estado.

Las acciones legales están dirigidas contra funcionarios públicos y empresarios acusados de fraude y lavado de activos.

Específicamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Banadesa y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Primer requerimiento fiscal: Fraude en la OABI

El primer requerimiento fiscal es contra Jorge Alberto González Salinas, exdirector de la OABI. Así como los exfuncionarios Alan Orlando Carranza Stevez, Enoc Eusebio Reyes Ortega y Javier Enrique Caballero Velásquez.

Estos funcionarios están acusados de violar los deberes de su cargo, específicamente en la devolución ilegal de una vivienda en Merendón Hills.

Así como en la gestión de cuatro vehículos y una empresa durante el operativo “Magnate” llevado a cabo en marzo de 2022 en San Pedro Sula, Cortés.

Segundo requerimiento fiscal: Fraude en Banadesa

El segundo requerimiento se dirige contra Julio César Maldonado Hernández por fraude y lavado de activo, también están implicados José Rubén Álvarez, presidente de una cooperativa por fraude.

Así como, Raúl Antonio Herrera Rodríguez y Tania Sagastume Bulnes, exfuncionarios de Banadesa ambos requeridos por violación a los derechos del funcionario.

Los mismos están presuntamente implicados en la malversación de fondos provenientes de un fideicomiso creado en 2016 para la construcción del mercado “Las Acacias” en Juticalpa, Olancho, obra que nunca se ejecutó.

En total se defraudó a Banadesa por más de 2.8 millones de lempiras.

Tercer requerimiento fiscal: Lavado de activos en el IHSS

El tercer requerimiento es de carácter internacional, con órdenes de captura contra los guatemaltecos Pablo Andrés Barillas Rascón y Marisol Figueroa López de Barillas.

Se les acusa de ser responsables del lavado de activos a través de la gestión ilícita de 9.7 millones de lempiras del IHSS.

Recursos que fueron desviados a través de empresas “fachada” utilizadas para el movimiento de los fondos entre 2010 y 2014, sin tener relación contractual con la institución.

La ATIC y la Policía Militar del Orden Público colaboraron en la investigación y el aseguramiento en Tegucigalpa, de dos sociedades mercantiles y cuatro cuentas bancarias.

MP presenta tres requerimientos fiscales por malversación de caudales públicos. pic.twitter.com/dOCw7lpZWa

— Ministerio Público (@MP_Honduras) May 12, 2025

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