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HONDURAS

CNA saca los “trapitos al sol” de altos funcionarios del gobierno

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CNA presenta denuncia contra Rixi Moncada, Ricardo Salgado, Marlon Ochoa, Christian Duarte entre otros funcionarios, por presunta malversación, violación de deberes y fraude.

Honduras.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles ante el Ministerio Público (MP) una denuncia contra la ministra de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, junto a otros funcionarios y exfuncionarios del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Según el informe, los señalados habrían cometido diversos delitos relacionados con la ejecución irregular de millonarios fondos destinados a propaganda y publicidad estatal.

Acusaciones contra altos funcionarios

En la denuncia, el CNA apunta a Moncada y los actuales y antiguos titulares de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte y Marlon Ochoa, por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos por aplicación de oficial diferente.

A ellos se suman el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, y dos exgerentes administrativos de la misma dependencia, María Eugenia Maradiaga y Rosy Jaqueline Díaz, señalados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Asimismo, el ente anticorrupción presentó cargos contra “comerciantes individuales y empresas mercantiles de maletín”.

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Que, de acuerdo con las pesquisas, habrían participado en la supuesta trama de fraude alrededor de la contratación de servicios de publicidad y propaganda.

Más de 600 millones en publicidad bajo cuestionamiento

Durante la presentación de la denuncia, el CNA expuso un informe detallado de cómo la Secretaría de Planificación Estratégica manejó un presupuesto superior a 600 millones de lempiras para actividades de publicidad entre 2022 y 2024.

De acuerdo con Gabriela Castellanos, directora del CNA, la investigación pone en entredicho la idea de que en el actual gobierno no se cometen actos de corrupción.

“Hoy desmitificamos esa supuesta verdad y exponemos como se manejan nuestros recursos, las prioridades para los gobernantes y como se adulteran los procesos para mover millones de lempiras en un concepto distorsionado que solo levanta el ego y generar más polarización”, sostuvo Castellanos.

La funcionaria cuestionó la negativa de varias instituciones estatales a brindar información financiera, alegando que esa actitud ha obstaculizado la labor de auditoría y verificación del uso de recursos públicos.

Los altos funcionarios son acusados por malversación de caudales, violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Contrataciones directas e irregularidades

Según el jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, en 2022 Planificación Estratégica realizó contrataciones directas en publicidad y propaganda por un valor de 1.8 millones de lempiras.

Mientras que en 2023 el gasto ascendió a 162.3 millones y, para 2024, la partida comprometida supera los 438.2 millones.

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Por lo que, entre 2022-2024 dispuso de más de 600 millones de lempiras para pauta publicitaria.

El informe refleja diversas irregularidades en los procesos de contratación, que incluyen:

Asimismo, se reveló que la Secretaría de Planificación Estratégica habría recibido 85.7 millones de lempiras de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para atender la crisis por el alza de los combustibles.

Urbina detalló que, al solicitar la autorización de dicho préstamo, la Secretaría de Finanzas evaluó la posibilidad de modificar el uso de los recursos;

Sin embargo, aclaró que la decisión final quedaba a discreción de la entonces ministra, Rixi Moncada.

No obstante, dichos fondos se habrían redirigido hacia pagos de publicidad y propaganda, sin presunta autorización por parte del organismo financiero.

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La Secretaría de Finanzas ajustó los fondos del préstamo para incrementar el presupuesto del SPE destinado a publicidad y propaganda, según indicó.

Respecto al presupuesto asignado para 2024, Urbina señaló la ausencia de un respaldo legal que justifique más de 177 millones de lempiras ejecutados.

Empresas con vínculos en Venezuela y supuesta manipulación de fondos

Castellanos también señaló que la dependencia gubernamental contrató dos empresas con vínculos en Venezuela para potenciar su estrategia de comunicación.

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Aunque reconoció que la pauta publicitaria es una práctica gubernamental válida, la directora del CNA advirtió sobre el abuso de poder para obtener recursos de partidas de contingencia o préstamos originalmente destinados a fines distintos.

La directora del CNA confirmó haber solicitado una reunión con Ricardo Salgado para obtener información.

Además, señaló que anticipa ser etiquetada como enemiga, conspiradora o desestabilizadora del gobierno por plantear cuestionamientos.

A reglón seguido, Urbina añadió que en 2023 se recibieron 14 donaciones del Banco Central de Honduras (BCH) por 222.5 millones de lempiras, destinadas inicialmente a fines específicos.

Sin embargo, la Secretaría de Finanzas, alegó que puede utilizar los fondos que quedan como excedentes en lo que destine pertinente como publicidad y propaganda.

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Asimismo, reprochó que en 2024 se destinaron fondos de la partida confidencial o de contingencia para financiar gastos de publicidad y propaganda.

Detalló que el entonces ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, autorizó el traslado de más de 39 millones de lempiras.

Mientras que Christian Duarte emitió una resolución para transferir más de 11 millones de lempiras, ambos destinados a dichos fines, publicidad y propaganda.

Castellanos consideró como contradictorio que cuando el CNA solicita información, las instituciones se niegan a “que le cuenten las costillas”.

Exigencias de transparencia y acción penal

El CNA exhortó al Ministerio Público a dar seguimiento formal a la denuncia y a realizar las investigaciones correspondientes, evitando acusaciones sin sustento y priorizando la rendición de cuentas.

Para Castellanos, la labor de fiscalización ciudadana resulta fundamental en la lucha contra la corrupción, aunque se tope con obstáculos y acusaciones de desestabilizar al gobierno.

Enfatizó la necesidad de que la investigación del CNA trascienda una simple denuncia ciudadana, instando al Ministerio Público a cumplir su rol, evitar acusaciones infundadas y garantizar la justicia.

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Por su parte, las autoridades señaladas aún no han emitido declaraciones oficiales, pero se espera que respondan ante la denuncia en los próximos días.

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