Congreso Nacional destituye a cuatro funcionarios electorales tras juicio político

Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras destituyó a Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta luego de que 88 diputados votaran a favor de su separación de los cargos, en el marco del segundo juicio político realizado en el país desde la entrada en vigencia de esta figura legal.

La decisión se tomó durante una extensa sesión legislativa desarrollada el jueves 16 de abril de 2026. Ochoa fungía como consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que Morazán era magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y Mejía y Gutiérrez se desempeñaban como magistrados suplentes del mismo órgano.

Según el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, el proceso se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Constitución de la República, específicamente en el artículo 34, y en la Ley Especial de Juicio Político, garantizando así la legalidad del procedimiento.

Durante la jornada se realizaron dos votaciones: una dirigida a los funcionarios que no atendieron la citación de la Comisión Especial de Juicio Político ni del pleno legislativo, y otra para Mario Morazán, quien sí compareció. En ambos casos se alcanzaron 88 votos a favor, superando el mínimo requerido por la ley.

Antes de la votación, el pleno conoció el informe presentado por la Comisión Especial de Juicio Político, presidida por la diputada Tania Pinto. Asimismo, se escuchó la comparecencia de Morazán, quien fue el único de los señalados que acudió al llamado del Legislativo, ya que los otros tres funcionarios rechazaron presentarse.

La sesión estuvo marcada por tensiones políticas. Durante la lectura del informe por parte del secretario del Congreso, Francis Cabrera, la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) abandonó el hemiciclo tras realizar protestas con pancartas, consignas, silbatos y cánticos.

El juicio político fue solicitado el pasado 9 de abril por los diputados Sergio Figueroa Velásquez, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Miguel Edgardo Motiño Castellanos, con base en el artículo 205, numeral 15 de la Constitución.

De acuerdo con la denuncia, los cuatro funcionarios habrían incurrido en ilegalidades y acciones que obstaculizaron el proceso electoral de 2025, incluyendo las elecciones primarias del 9 de marzo y las generales del 30 de noviembre.

Este caso se convierte en el segundo juicio político realizado en Honduras, sentando un precedente en la aplicación de este mecanismo para la rendición de cuentas de funcionarios públicos.