Comisión de Juicio Político pide destitución inmediata de altos funcionarios electorales

Tegucigalpa, Honduras. — La Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, presidida por la diputada Tania Pinto, recomendó la destitución inmediata de cuatro funcionarios clave del sistema electoral hondureño, tras concluir el proceso de investigación en su contra.

El informe final, entregado este miércoles al Poder Legislativo, involucra al consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como al magistrado propietario Mario Morazán y a los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez y Lourdes Mejía, del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que los funcionarios han sido citados a comparecer este jueves a la 1:00 de la tarde ante el pleno legislativo.

Proceso bajo escrutinio público

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el juicio político se ha desarrollado conforme a la ley y respetando el debido proceso.

“Tenemos que ratificar ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional que este proceso se ha llevado apegado a la legalidad”, afirmó.

Zambrano detalló que la comisión cumplió todas las etapas formales, incluyendo la admisión de la denuncia, la recolección de pruebas documentales y testimoniales, y la elaboración del informe final.

Comparecencia clave y decisión definitiva

El titular del Legislativo reiteró que los funcionarios tienen derecho a defenderse públicamente ante el Congreso y la ciudadanía.

Para ello, los diputados han sido convocados a sesión a las 11:00 de la mañana, donde se conocerá el informe antes de escuchar a los señalados.

Zambrano subrayó que la decisión del pleno será categórica: o los funcionarios son destituidos o continúan en sus cargos hasta finalizar su período, sin puntos intermedios.

Momento decisivo

El caso marca un momento crucial para el sistema electoral hondureño, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos sobre la institucionalidad.

La votación del Congreso definirá no solo el futuro de los funcionarios implicados, sino también el rumbo de la credibilidad de los órganos electorales del país.