CNE denuncia sabotaje al escrutinio y advierte intentos para impedir la declaratoria electoral

Tegucigalpa.- Las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López-Osorio, emitieron un comunicado oficial en el que detallan una serie de irregularidades, presiones e injerencias que, aseguran, han afectado gravemente el desarrollo del escrutinio especial y buscan impedir la declaratoria oficial de las elecciones generales de 2025.

En el documento, dirigido a los partidos políticos, misiones de observación nacional e internacional y al pueblo hondureño, las funcionarias explican que el escrutinio especial es un mecanismo expresamente regulado por la Ley Electoral y que su ejecución corresponde exclusivamente a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), integradas por personas propuestas y acreditadas por los propios partidos políticos.

Las consejeras son categóricas al señalar que el CNE no tiene atribuciones para realizar directamente el escrutinio especial ni para delegar esa función en terceros. Su rol, subrayan, se limita a la disposición logística, administrativa y de acompañamiento técnico, conforme al marco legal vigente.

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Hall y López-Osorio denuncian que durante el desarrollo del escrutinio especial un porcentaje significativo de miembros de las JEVR incurrió en conductas “deliberadamente dilatorias y obstructivas”, en abierta contradicción con el Protocolo de Escrutinios Especiales, la Ley Electoral, la Constitución de la República y los principios democráticos. Entre las acciones señaladas figuran la paralización injustificada de labores, tiempos excesivos e irrazonables en el procesamiento de actas, anulación de actas sin causa legal y hechos de violencia dentro de instalaciones institucionales, situaciones que —afirman— lesionaron gravemente el normal desarrollo del proceso electoral.

En cuanto a la declaratoria, las consejeras advierten que estos hechos no son aislados ni fortuitos, sino que responden a un patrón sistemático y coordinado orientado a impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de las elecciones generales. “Resulta evidente a qué sector político beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización institucional”, señalan, al tiempo que enfatizan que el CNE no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que se fracture el orden constitucional ni que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas.

El comunicado también aborda las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, recordando que sus atribuciones están estrictamente delimitadas por la Constitución. Cualquier actuación que exceda ese marco —advierten— es inconstitucional e ilegal. Las consejeras subrayan que el CNE se encuentra dentro del plazo legal para emitir la declaratoria, por lo que la Comisión Permanente carece de facultades para pronunciarse sobre el proceso electoral o sobre la actuación de las consejeras, ya que hacerlo constituiría una injerencia indebida en la función electoral.

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Respecto al Ministerio Público, Hall y López-Osorio afirman que han actuado en defensa del sistema democrático pese a los ataques institucionales y personales recibidos desde esa entidad. Recuerdan que, conforme al debido proceso, cualquier actuación debe enmarcarse en la Constitución y las leyes, y que mientras no se haya agotado dicho procedimiento, el Ministerio Público no está facultado para ejercer acción penal en su contra. Advierten que cualquier actuación al margen del procedimiento constitucional genera responsabilidad legal para quienes la promuevan o ejecuten.

Finalmente, las consejeras señalan que determinados sectores de los partidos políticos han pervertido el diseño del sistema electoral hondureño, el cual fue concebido para garantizar participación, equilibrio y control cruzado en el conteo de votos. En lugar de honrar ese mandato democrático, acusan que han “secuestrado” el proceso mediante el uso indebido de las JEVR, acreditando personas que, lejos de cumplir su función legal, han actuado de forma deliberada para paralizar, distorsionar y obstruir el escrutinio especial.

El comunicado concluye con un llamado a los partidos políticos, a las misiones de observación nacional e internacional y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso electoral, reiterando que trasladar al CNE las consecuencias jurídicas y políticas de actos cometidos por terceros constituye una conducta irresponsable, contraria a la ley y atentatoria contra la voluntad soberana del pueblo hondureño.

Ante los ataques constantes y sin precedentes: ¡Confirmo que continuaremos defendiendo el proceso electoral, parte fundamental del sistema democrático de nuestra Honduras! pic.twitter.com/lCgbVytgVX

— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) December 29, 2025