Comisionado presidencial desafía legalidad de ZEDEs ante CSJ

El Comisionado Presidencial, Fernando García, impugna en la CSJ la normativa de ZEDEs, denunciando su inconstitucionalidad. Argumenta que estas zonas, tras la derogación de su legislación secundaria, carecen de base legal para operar.

Honduras.-El Comisionado Presidencial Fernando García ha elevado su disenso hacia las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDEs) a un nivel legal, presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa jurídica que rige esta controvertida figura.

En una declaración, García destacó que el recurso no solo cuestiona la legalidad, sino también la esencia misma de las ZEDEs, considerándolas una anomalía en el entramado constitucional del país.

“Es un recurso que ataca el fondo y la forma de la reforma Constitucional que incorporó la aberrante figura de las ZEDES en el texto”, manifestó García ante la prensa, subrayando su descontento con la inclusión de esta modalidad en la Constitución.

El comisionado expresó su pesar por los intentos, en la administración pasada, de modificar artículos fundamentales que rigen la forma de gobierno y ceder soberanía territorial en favor de las ZEDEs.

Enfatizó que estas áreas, por su estructura irregular, desafiaban los preceptos originales que se habían pretendido reformar.

García resaltó que su propósito al recurrir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es invalidar la normativa legal de las ZEDEs, argumentando que constituye una afrenta a la integridad jurídica del país.

El funcionario recordó además que la legislación secundaria que otorgaba viabilidad operativa a las ZEDEs fue derogada el 21 de abril de 2022, subrayando la ausencia de bases legales vigentes para su funcionamiento.

Este recurso, presentado por una figura de alto perfil en el ámbito gubernamental, marca un capítulo crucial en la polémica que rodea a las ZEDEs, suscitando un intenso debate sobre su compatibilidad con los principios fundamentales del país y su papel en el entorno socioeconómico.

La respuesta de la Sala de lo Constitucional de la CSJ y el posterior desenvolvimiento de este litigio constitucional se presentan como elementos determinantes que podrían moldear el futuro de estas zonas de desarrollo económico y su estatus legal dentro del marco jurídico nacional.