Congreso Nacional 2022–2026 gastó más de L 1,724 millones en salarios y solo cumplió 35 % de las sesiones, según ASJ

Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras correspondiente al período 2022–2026 devengó más de L 1,724 millones en sueldos y salarios, pese a haber sesionado únicamente el 35 % de lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, denunció este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

De acuerdo con el informe presentado por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional, el Legislativo sesionó apenas 147 días en cuatro años, un promedio de 31 días por año, y en ningún momento contó con la asistencia completa de los 128 diputados propietarios. En total, los congresistas dejaron de sesionar alrededor de 395 días, aun cuando continuaron percibiendo todos los beneficios legales.

El análisis detalla que entre enero de 2022 y septiembre de 2025 el Congreso ejecutó L 5,942 millones, de los cuales, además de los salarios, se destinaron al menos L 627 millones en viáticos. Esta situación evidencia, según ASJ, una marcada desproporción entre el gasto público y los resultados legislativos.

La baja asistencia y la falta de consensos impactaron directamente en la productividad. Entre 2022 y 2024 se presentó un total de 1,427 proyectos de ley, de los cuales solo 270 fueron aprobados, equivalente a una productividad del 19 %. El informe señala además que 90 % de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo fueron aprobadas, frente a solo 13 % de las propuestas surgidas desde el propio Legislativo.

ASJ también cuestionó el uso de las subvenciones legislativas, que entre 2022 y 2025 superaron los L 785 millones, con una alta concentración del gasto en los años 2024 y 2025. La organización advirtió que estos fondos han sido utilizados sin suficiente transparencia y han reproducido prácticas de clientelismo político.

A ello se suma la aprobación de L 2,850 millones para gasto social entre 2023 y 2025, canalizados principalmente a través de instituciones del Ejecutivo, sin mecanismos claros de evaluación de impacto.

Más allá del aspecto financiero, la ASJ señaló que la legislatura incurrió en decisiones que debilitaron la institucionalidad democrática, como la aprobación de un nuevo pacto de impunidad, elecciones de altos funcionarios sin cumplir requisitos legales y acciones que afectaron el proceso electoral.

Ante este panorama, la organización exhortó al nuevo Congreso Nacional, que asumirá funciones este 21 de enero, a reducir el gasto público, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, regular o eliminar las subvenciones y priorizar reformas clave en materia electoral, judicial y de transparencia, con el fin de recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la rendición de cuentas.