CSJ admite apelación y abre la puerta a peritaje técnico en caso de audios que involucran a Cossette López

Tegucigalpa.– La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió este lunes un recurso de apelación presentado por la defensa de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, dentro del proceso relacionado con la divulgación de presuntos audios en los que se haría referencia a supuestos fraudes electorales. La decisión judicial reactiva el debate jurídico y político en torno a la autenticidad del material que dio origen a la investigación.

El recurso fue interpuesto por el abogado defensor Dagoberto Aspra, quien solicitó formalmente que se ordene la realización de un peritaje técnico especializado. Según la defensa, este análisis es clave para determinar si los audios son auténticos, si han sido editados o manipulados y si corresponden efectivamente a la voz de la funcionaria electoral, elementos que —de comprobarse irregularidades— podrían cambiar el rumbo del caso.

Con la admisión del recurso, la CSJ abre la posibilidad de que expertos en acústica forense y tecnología digital practiquen estudios científicos sobre el material, lo que permitiría establecer con mayor certeza su origen y veracidad. La defensa ha insistido en que sin una prueba técnica concluyente no puede sostenerse una imputación válida, subrayando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

El caso se desarrolla en un contexto de alta sensibilidad política, marcado por cuestionamientos al sistema electoral y por la polarización tras los últimos procesos comiciales. Las acusaciones de fraude, aun cuando estén en fase de investigación, tienen un impacto directo en la credibilidad de las instituciones electorales y en la confianza ciudadana.

Diversos sectores consideran que la resolución de la CSJ representa un paso relevante para esclarecer los hechos con base en pruebas técnicas y no en filtraciones o señalamientos mediáticos. El avance del proceso y los resultados del eventual peritaje serán determinantes para definir responsabilidades y para sentar un precedente sobre el manejo judicial de este tipo de evidencias en casos de alto interés público.