CSJ recibirá requerimiento fiscal contra Nasry Asfura y otros siete imputados

La CSJ recibirá el requerimiento fiscal contra Nasry Asfura y siete personas, acusados de desviar más de 28 millones de lempiras.

Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) será la encargada de conocer el caso contra el exalcalde de Tegucigalpa y  precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura Zablah, junto a otros siete implicados.

Esto tras la resolución de la Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que remitió el requerimiento fiscal por mayoría de votos.

Declarando además la nulidad de las acusaciones presentadas durante la audiencia de imputación realizada el 21 de octubre.

El caso ha sido transferido a la CSJ debido a que una de las personas señaladas, Nilvia Ethel Castillo, es diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que requiere un procedimiento especial para altos funcionarios, conforme al reglamento legal vigente.

Acusaciones de lavado de dinero y fraude

El Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal en contra de Nasry Asfura y otros siete imputados.

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A quienes se les señala de participar en un esquema de lavado de dinero que habría desviado más de 28 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Los delitos que se les imputan incluyen lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación de los deberes de los funcionarios.

Además de Asfura y Castillo, entre los implicados están Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, Mario Roberto Zerón Suazo, Rony López Córdova, Wilmer Gerardo Rodríguez, Roger Ariel Amador y Óscar Rolando Uriarte Romero.

Las acusaciones varían desde fraude hasta lavado de activos, dependiendo del grado de participación de cada uno en el esquema delictivo.

Desvío de fondos mediante cheques

Según la investigación del MP, entre 2017 y 2018, Asfura, Borjas y Castillo emitieron 32 cheques a su nombre con justificaciones como «fondos rotatorios», «fondos especiales» y «reembolsos de gastos».

Estos cheques, sin embargo, habrían sido depositados en las cuentas personales de los acusados, quienes luego redistribuyeron el dinero para beneficiar tanto a personas naturales como jurídicas vinculadas a Asfura.

Parte de los fondos desviados, según la acusación, habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, cubrir gastos no oficiales de la alcaldía, pagar tarjetas de crédito y realizar compras personales, como joyería.

Se presume que algunos cheques fueron cobrados en efectivo y entregados directamente a personas de confianza del exalcalde capitalino, fortaleciendo así la red de corrupción.

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Procedimiento ante la CSJ

La participación de Nilvia Castillo, como diputada del Parlacen, complica el proceso debido a su estatus de alto funcionario, por lo que la CSJ deberá seguir un procedimiento especial, como lo establece la normativa.

Esto otorga a la corte máxima autoridad para decidir sobre la admisión de pruebas, las audiencias y el avance del caso, que involucra figuras políticas y administrativas clave.

El requerimiento fiscal presentado es uno de los casos de corrupción más relevantes del último año, y se espera que el proceso judicial en la CSJ defina el futuro político y legal de los implicados.