Designación de autoridades del MP cuestionada por Jorge Zelaya

El diputado Jorge Zelaya alza la voz contra el supuesto arreglo político en la elección de autoridades del MP.

Honduras.- Todas las designaciones para las altas posiciones del Ministerio Público (MP), incluyendo la fiscalía general, adjuntos, así como cargos en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Unidad de Política Limpia (UPL) e Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), han sido objeto de controversia política.

El diputado Jorge Zelaya, del Partido Nacional, ha alzado su voz en desacuerdo con lo que considera un arreglo político llevado a cabo al margen del Congreso Nacional.

Zelaya, quien según sus palabras, ha participado activamente en el proceso de evaluación de los candidatos al cargo de fiscal y fiscal adjunto, expresó su preocupación por el potencial desvío de los intereses públicos tras estas designaciones, cuestionando la legitimidad del proceso y la representatividad de los intereses del pueblo.

El diputado Zelaya, en su intervención, ha denunciado la falta de transparencia en el proceso de elección, señalando sorpresa ante lo que considera una asignación desproporcionada de responsabilidades hacia su partido político, calificándola como «migajas» en el esquema general de distribución de cargos.

El miércoles pasado, el Congreso Nacional, tras un supuesto consenso entre las diferentes fuerzas políticas, procedió con la selección de las nuevas autoridades del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas.

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Johel Antonio Zelaya fue ratificado como fiscal general, mientras que Marcio Cabañas fue designado como fiscal adjunto.

Estas decisiones, sin embargo, han generado un intenso debate y controversia en el ámbito político y legal del país.

En sus declaraciones, el diputado Zelaya ha resaltado la importancia de que las elecciones de estas autoridades sean transparentes y reflejen los verdaderos intereses del pueblo.

Asimismo, ha subrayado la necesidad imperante de evitar cualquier influencia política indebida en instituciones clave como el Ministerio Público, cuya integridad resulta fundamental para el Estado de derecho y el adecuado funcionamiento de la justicia en la nación.