HONDURAS
Estos son los casos de corrupción de la MACCIH que retomará el Ministerio Público
El Ministerio Público retoma 12 casos de corrupción presentados por la MACCIH, investigando lavado de activos y malversación de fondos públicos.
Honduras.- El Ministerio Público de Honduras anunció la reactivación de 12 emblemáticos casos de corrupción originalmente presentados por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Entre los delitos involucrados destacan lavado de activos, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
Esta decisión busca abordar los actos de corrupción de alto impacto, que salpican a exfuncionarios públicos, diputados y personajes reconocidos de la paleta política como la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla.
El fiscal general Johel Zelaya, en cadena nacional, confirmó la medida, asignando la responsabilidad de estos casos a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco).
«He retomado los casos en poder del Ministerio Público que dejó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras; la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción tiene esta responsabilidad»
La Uferco, creada en 2020 tras la salida de la MACCIH, sustituye a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y será la encargada de procesar los expedientes.
Zelaya fue enfático en señalar que la persecución de estos delitos no responde a intereses políticos.
El fiscal explicó que estas acciones van de la mano con la necesidad de restaurar la justicia y combatir la corrupción pública y privada que ha afectado gravemente a Honduras.
«La corrupción público-privada de alto impacto nos ha robado el presente y futuro y ha ocasionado un grave daño al país»
Línea investigativa de la MACCIH: «Los trapos sucios de la paleta política hondureña»
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras reveló una serie de casos que expusieron la magnitud de la corrupción en el país.
Involucrando tanto a figuras políticas de alto perfil como a importantes instituciones públicas.
Desde desfalcos multimillonarios en entidades clave hasta fraudes en proyectos de infraestructura.
Los casos investigados no solo dejaron al descubierto complejas redes de corrupción, sino también el impacto negativo en el desarrollo y la confianza en las instituciones hondureñas.
Estas revelaciones resaltan la profundidad y amplitud de los esquemas corruptos que han debilitado el sistema democrático y la gestión pública.
Casos de corrupción revelados por la MACCIH:
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Red de Diputados
El 13 de diciembre de 2017, se implicó a varios parlamentarios en el caso conocido como «Red de Diputados».
Entre ellos, Augusto Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla y Audelia Rodríguez, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos); Dennys Sánchez, del Partido Liberal; y Eleázar Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).
La investigación de la MACCIH reveló el desvío de 8.3 millones de lempiras, fondos que estaban destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG).
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Caja Chica de la Dama
El 28 de febrero de 2018, Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien se desempeñó como primera dama de Honduras entre 2010 y 2014, fue detenida y acusada de haber desviado de manera irregular 12.2 millones de lempiras a su cuenta personal.
Los delitos que se le imputan incluyen malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos.
Este caso también involucra a Saúl Fernando Escobar Puerto, Gisela Patricia Bonilla y Manuel Mauricio Mora.
En 2019, un tribunal de sentencia la condenó a 58 años de prisión por fraude y apropiación indebida.
Sin embargo, con la aprobación del nuevo Código Penal, la pena fue revisada debido a su efecto retroactivo, lo que llevó a la repetición del juicio.
En 2022, se le impuso una condena de 16 años, pero fue liberada, ya que la sentencia se emitió después de que había transcurrido el tiempo máximo legal para su prisión preventiva.
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Pacto de Impunidad:
El 25 de mayo de 2018, la MACCIH presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
Se les acusó de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.
En consecuencia, se dictó un sobreseimiento definitivo a Zambrano, mientras que Villeda Aguilar fue sujeto a un auto de formal procesamiento.
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- Caso Pandora:
El 15 de junio de 2018, la MACCIH acusó a 38 personas, incluidos exfuncionarios y diputados del Congreso Nacional, como Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Celín Discua y Rodolfo Irías Navas.
Estos individuos fueron señalados por su participación en el desvío de 282,016,175 lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar sus campañas políticas.
Los tres congresistas enfrentaron cargos de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos.
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Caja Chica del Hermano:
El 5 de noviembre de 2018, se reveló un desvío de 8,4 millones de lempiras del presupuesto de la Casa Presidencial, un escándalo que involucró al hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo.
Además, dicho escándalo salpicó al ex secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera de la Casa Presidencial, Wilfredo Francisco Cerrato Durón.
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Licitación Fraudulenta del Seguro Social
El 4 de diciembre de 2018, al menos 12 hondureños fueron acusados de cometer delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) aprobó contratos con empresas que recibieron millonarias sumas de dinero por productos sobrevalorados.
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Arca Abierta
El 11 de diciembre de 2018, se señalaron a diputados y excongresistas por malversar 21.1 millones de lempiras a través de la asociación ‘Planeta Verde’.
Entre los imputados se encuentran Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López y Miltón Jesús Oseguera.
También fueron nombrados Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra, Fabricio Puerto Oseguera y Óscar Arturo Álvarez Guerrero.
Además, Gregorio Alberto González Rivera fue identificado como extraneus.
Otros implicados, acusados de ser cómplices en el delito de malversación pública, incluyen a Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbboth Villatoro.
Así como a José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martín Vallejo.
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Fraude relacionado con el Gualcarque:
El 4 de marzo de 2019, dieciséis personas fueron acusadas de diversos delitos.
Incluyendo fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos.
Estas acusaciones surgieron a raíz de presuntas irregularidades en distintas concesiones de recursos hídricos, las cuales supuestamente beneficiaron a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Entre los implicados se encuentran Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE.
Así como a Roberto Aníbal Martínez Lozano, exgerente de la ENEE.
También figuran Raúl Pineda Pineda, Julio Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto López, Luis Eduardo Espinosa Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz.
Sumado a ellos, se encuentran Aixa Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carbajal Flores.
Así como, Óscar Javier Velázquez Rivera, Julio Ernesto Eguigure Aguilar e Isaida Odilia Pinel.
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Patuca III: Colusión y corrupción
El 18 de marzo de 2019, diez personas fueron acusadas de defraudar al Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), causando un perjuicio económico que asciende a varios millones de lempiras.
Los implicados en este caso son Elia Virginia Medina Zúñiga, Gabriel Prieto Gutiérrez, Juan José Villeda Mejía, y Renán Alexis Maldonado.
Entre los acusados también se encuentra, Luisa Sofía Figueroa Claré, Waldina Lizette Salgado, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Salgado.
Así como, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera.
Es importante señalar que Gabriel Prieto se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
A pesar de las acusaciones, los jueces del caso determinaron que no existía fraude, lo que resultó en el sobreseimiento de todos los acusados.
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Aseguramiento de bienes de la Caja Chica de la Dama
El 20 de marzo de 2019, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) solicitó al Juzgado de Privación de Dominio la implementación de medidas cautelares sobre los bienes de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo.
Este aseguramiento corresponde a un valor superior a 3.6 millones de lempiras, en el contexto del caso conocido como «Caja Chica de la Dama».
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Aseguramiento de bienes en el caso de la Caja Chica de la Dama II
El 22 de mayo de 2019, la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic) llevó a cabo tres allanamientos adicionales.
En el marco de una nueva línea de investigación relacionada con el caso de la Caja Chica de la Dama.
Los primeros dos allanamientos se realizaron en el barrio La Granja, en las instalaciones de una empresa de helados y en la vivienda de Carmelo Rizzo, quien es asistente de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo y está vinculado al caso.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la colonia Altos de Toncontín, en la residencia de Perla Valeska Cáceres, socia de Saúl Escobar, propietario de la empresa inmobiliaria Monserrat.
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Narcopolítica
El 24 de mayo de 2019, la investigación penal conjunta de la Ufecic, el Ministerio Público (MP) y la MACCIH reveló un esquema de lavado de dinero del narcotráfico,
Este estaba relacionado con 21 contratos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Soptravi) otorgados a la empresa Inrimar.
Vinculada a la organización criminal Los Cachiros, por un monto de 68 millones de lempiras.
Este es el último caso que fue revisado por Luiz Guimaraes Marrey.
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra doce individuos acusados de formar parte de un esquema que facilitó el lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas a través de obras contratadas con el Estado hondureño.
Este caso es el menos publicitado, según Javier Santos, titular de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción (Uferco).
Uno de los imputados es un exsecretario de Estado que cuenta con un amparo judicial desde hace seis años, lo que ha impedido que se celebre el juicio correspondiente.
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La MACCIH, establecida en 2016, fue crucial para destapar estos casos de corrupción en el país.
Aunque su salida en 2020 dejó un vacío en la lucha anticorrupción, el Ministerio Público ha dado un paso clave al retomar estos expedientes.
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El Ministerio Público enfrenta ahora el reto de garantizar que estos casos, algunos estancados durante años, se procesen de manera justa y eficiente, para que los culpables no queden impunes y el país recupere parte de los fondos públicos malversados.