Fin del TPS para hondureños: un duro golpe para miles y señales de abandono estatal

Tegucigalpa.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para hondureños anunció una catástrofe social y económica. A partir de septiembre, casi 51,000 personas, en su mayoría residentes de larga data en EE.UU., por el fin del TPS se enfrentarán a la pérdida de permisos de trabajo, riesgo de deportación y la ruptura de familias estables.

Según el laboratorio NODO Lab, más de 35,000 hogares en Honduras dependen directamente de las remesas enviadas por tepesianos, representando entre 162 y 211 millones de dólares anuales —equivalentes a casi 5 mil millones de lempiras— que pasarían a ser ilegales sin el TPS.

Denuncias desde la comunidad y fallas del Estado

Muchos afectados han expresado su frustración con el gobierno hondureño:

“¿Dónde están los buenos abogados hondureños que deberían defendernos? Aquí estamos solos… buscando cómo sostener este litigio”, expresó Mariano Guzmán, tepesiano con más de 30 años bajo TPS.

Patricia Carvajal, madre soltera y líder migrante, agregó:

“Nos sentimos decepcionados de EE.UU. y de Honduras… si salimos por hambruna o inseguridad, no fue por elección”.

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Conadeh exige respuestas y protección

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que los tepesianos quedarán sin protección, sin permiso de trabajo, ni acceso a servicios básicos:

“El gobierno tiene que crear mecanismos de respuesta oportunos y efectivos para los más de 55,000 hondureños que quedarán desprotegidos”, declaró Elsy Reyes, defensora del Conadeh.

Gobierno promete apoyo… pero sin plan concreto

La presidenta Xiomara Castro calificó la medida como “un duro golpe”, señalando su carácter político, e instruyó a la Cancillería a reforzar la asistencia legal y consular para los afectados.

No obstante, líderes migrantes destacan una ausencia palpable de preparación:

“Nos dicen que nos acompañan, pero en la práctica estamos huérfanos de Estado”, reclamó Mariano Guzmán.

La debilidad institucional y falta de mecanismos de reintegración justifican el temor a retornos en masa a un país con poca capacidad para absorberlos.

¿Un golpe económico y social antes de tiempo?

El fallo judicial aún permite una extensión temporal del TPS hasta al menos el 18 de noviembre, tras una decisión que reconoció falta de objetividad en la revisión del gobierno estadounidense.

Pero el plazo se acorta y muchas familias hondureñas se encuentran al borde del abismo: perder empleos, licencias de conducir y protección legal con los que construyeron hogares hace décadas.

Conclusión

La cancelación del TPS no es solo el cierre de un programa migratorio: representa un golpe al corazón del tejido social hondureño, donde remesas, estabilidad y sueños de vida digna desaparecen en semanas. Las voces de los tepesianos piden más que promesas: estrategias reales de atención y reintegración, antes de que el éxodo obligado dañe aún más al país.

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