FMI aprueba acuerdos por USD 822 millones de Servicio de Crédito Ampliado a favor de Honduras-HONDUSA-TV

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) a favor de Honduras por un total de USD 822 millones.

Estos acuerdos brindan apoyo al programa de reforma económica e institucional del gobierno de Honduras en los próximos tres años.

Donde además, tiene como objetivo respaldar los esfuerzos de las autoridades para mejorar la gobernanza y la transparencia, así como para combatir la corrupción.

Por lo que, apoyará a promover las políticas necesarias para fortalecer la resiliencia económica y solucionar los cuellos de botella estructurales con el fin de impulsar el crecimiento inclusivo, entre otras medidas, mediante el aumento de la inversión pública, al tiempo que se salvaguarda la estabilidad macroeconómica.

El programa respaldado por el FMI, comprende reformas económicas e institucionales destinadas a respaldar la estabilidad macroeconómica de forma sostenible y, al mismo tiempo, crear espacio fiscal para atender las importantes necesidades de gasto social e inversión productiva.

Este apoyo fortalecerá un crecimiento duradero e inclusivo y mejorar la resiliencia climática, al tiempo que contribuye a los esfuerzos de las autoridades para mejorar la gobernanza y la transparencia.

Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, el Subdirector Gerente y Presidente del Directorio, Kenji Okamura, realizó la siguiente declaración:

“La economía hondureña ha mostrado una notable resiliencia frente a los recientes shocks internos y externos. Aun así, Honduras enfrenta problemas sociales y estructurales de larga data, como son una gobernanza débil y limitadas oportunidades económicas, que obstaculizan su potencial de desarrollo y alimentan la migración. También, las necesidades de inversión en infraestructura y adaptación al cambio climático son importantes».

El acuerdo con el FMI, trata de preservar la estabilidad macroeconómica y de empezar a solucionar estos problemas con el fin de impulsar un crecimiento más robusto e inclusivo.

El eje central del programa de las autoridades es un marco fiscal a mediano plazo que preserva la sostenibilidad de la deuda y, al mismo tiempo, amplía el espacio fiscal para aumentar la inversión productiva y el gasto social. Estos esfuerzos están apoyados por una reforma tributaria de gran alcance y medidas para fortalecer la administración tributaria.

El programa también respaldará los esfuerzos de las autoridades por construir una red de protección social bien focalizada y de amplio alcance que llegue a los grupos más vulnerables. También es importante que las autoridades están trabajando para diversificar las fuentes de financiamiento, por ejemplo, desarrollando mercados de deuda interna, que se verán reforzados por el límite cero al financiamiento del presupuesto por el banco central.

Las autoridades tienen el compromiso de fortalecer los marcos de las políticas monetaria y cambiaria, con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, con miras a preservar la competitividad y crear las condiciones necesarias para favorecer una transición hacia un sistema que guarde los equilibrios, competitivo y eficiente en la asignación de divisas. La política monetaria debe apoyar el proceso de desinflación que está en curso y garantizar que el tipo de cambio no se vea sometido a presiones excesivas.

Las reformas en el sector energético serán fundamentales para limitar los riesgos fiscales y mejorar el clima empresarial. Las autoridades están implementando un plan integral para la reducción de pérdidas con el fin de fortalecer la posición financiera de la empresa pública de energía eléctrica y mejorar el suministro de electricidad. En este contexto, el programa también tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de las autoridades para reforzar la resiliencia ante el cambio climático.

El gobierno pretemde dar prioridad a la mejora de la gobernanza y la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Han fortalecido el marco de lucha contra el lavado de dinero y están eliminando los fideicomisos, que habían creado riesgos de corrupción, en la ejecución del gasto. Para seguir fortaleciendo la gobernanza, las autoridades están adoptando medidas para implementar un sistema electrónico de declaración de las finanzas de los empleados públicos, crear un registro completo de beneficiarios finales y establecer una comisión anticorrupción.”