Gabriela Castellanos: Promesa anticorrupción de Libre quedó en el discurso y Honduras paga el costo

Tegucigalpa.- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, realizó una dura evaluación del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), al señalar que la llamada “refundación” del Estado, anunciada al inicio del actual período en enero de 2022, no logró materializarse y terminó convirtiéndose en una narrativa sin resultados concretos frente a la corrupción.

Castellanos recordó que la llegada de Libre al poder estuvo acompañada de un fuerte discurso anticorrupción, con promesas emblemáticas como la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) y el desmontaje de estructuras que capturaron lo público durante años. Sin embargo, a cuatro años de iniciado el gobierno y con el cierre del período constitucional en el horizonte, el balance —según el CNA— obliga a una revisión crítica y rigurosa.

Uno de los principales señalamientos recae en el estancamiento del proceso para la instalación de la CICIH. Pese a múltiples anuncios, memorandos de entendimiento y negociaciones prolongadas, la directora del CNA afirmó que el proyecto nunca pasó de la expectativa, debido a la falta de voluntad política para impulsar las reformas legales necesarias en el Congreso Nacional. Esta situación, a criterio del organismo, fortaleció la percepción de protección política frente a posibles investigaciones por corrupción.

Si bien Castellanos reconoció que durante el actual gobierno se adoptaron decisiones importantes, como la derogación de la Ley de Secretos y la eliminación de fideicomisos opacos, advirtió que estas acciones resultaron insuficientes ante un fenómeno que no solo persistió, sino que se reconfiguró dentro del aparato estatal. En ese sentido, subrayó como especialmente grave el uso del poder público para favorecer redes de parentesco, documentándose múltiples casos de nepotismo en distintas instituciones, incluyendo nombramientos de familiares directos de la pareja presidencial y de altos funcionarios en cargos estratégicos.

La titular del CNA también cuestionó la falta de respuestas institucionales ante diversos escándalos, como la divulgación de un video que vinculaba al cuñado de la presidenta y diputado del Congreso Nacional con actores del crimen organizado, hecho que —según Castellanos— fue minimizado desde el oficialismo, debilitando aún más la credibilidad del discurso anticorrupción y cerrando la puerta a un mecanismo internacional independiente.

Asimismo, señaló casos como el de Korium, donde miles de personas resultaron afectadas por una estafa financiera, como ejemplo de una peligrosa confusión entre responsabilidad pública e intereses privados. De acuerdo con el CNA, el uso de recursos estatales para cubrir fraudes, sin investigaciones exhaustivas ni sanciones ejemplares, sentó un precedente injusto para los contribuyentes y dañino para la institucionalidad.

Castellanos agregó que a estos hechos se sumaron denuncias por el uso clientelar de programas sociales, irregularidades en compras directas dentro del sector seguridad, y la persistencia de prácticas históricas como las planillas fantasma en el IHSS. Todo ello, afirmó, responde a un mismo patrón: debilidad en los controles, tolerancia política y un Congreso Nacional que terminó siendo estéril para las reformas estructurales prometidas.

Finalmente, la directora del CNA sostuvo que el descontento ciudadano quedó reflejado en las urnas en noviembre de 2025, como una señal clara de la brecha entre las promesas y los resultados. Advirtió que, si el próximo ciclo político no asume la lucha anticorrupción como una verdadera política de Estado y rompe con las prácticas heredadas, Honduras seguirá pagando el costo de una farsa repetida con distintos actores, pero con las mismas consecuencias.