Gobierno y ONU deben firmar acuerdo de CICIH con reformas actuales, sugiere diputado Sabillón

Sabillón ha subrayado la importancia de materializar esta alianza con las reformas que han sido avaladas hasta la fecha por el Congreso Nacional.

Enfatiza la necesidad de no postergar la formalización de este acuerdo, incluso si existen solicitudes pendientes de la ONU con respecto a ciertas reformas constitucionales.

Propone que se proceda con las condiciones actuales, dejando pendientes aquellos aspectos que requieran atención posterior.

“Las otras observaciones que ha hecho Naciones Unidas en el Congreso Nacional, estaremos vigilantes y sabrán quienes son los diputados que se oponen”.

El diputado ha mostrado su compromiso con el escrutinio y vigilancia de las observaciones realizadas por la ONU en el Congreso Nacional, señalando que se buscará identificar a los legisladores que se opongan a estas reformas constitucionales.

En un gesto de apertura y transparencia, Sabillón ha expresado su disposición a revisar el decreto 04-2022, identificado como un pacto que podría obstaculizar la lucha contra la impunidad, con la intención de informar a la ONU sobre los legisladores que se oponen a estas medidas.

Sin embargo, el diputado ha señalado la complejidad de la situación al indicar que la ONU está amalgamando tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, sin considerar sus respectivas responsabilidades individuales.

“No nos puede condicionar a que el Poder Ejecutivo nos obligue a firmar acuerdos si tenemos fuerzas opositoras que nos está impidiendo hacer las reformas necesarias”.

Destaca la dificultad de condicionar al Poder Ejecutivo para que presione la firma de acuerdos, dado que existen fuerzas opositoras que dificultan la implementación de las reformas necesarias.

El análisis de Sabillón resalta la incapacidad del Poder Ejecutivo para influir en los diputados de oposición, destacando la independencia legislativa en este proceso.

En este punto crucial de la discusión sobre la CICIH, las tensiones entre la ONU, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se evidencian, poniendo de manifiesto la complejidad y los retos inherentes a este proceso que busca establecer una comisión contra la corrupción y la impunidad en Honduras.