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HONDURAS

¡Hasta 20 años de cárcel para los diputados que aprobaron las ZEDEs!

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Diputados que aprobaron las ZEDE podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel por traición a la patria, según el oficialismo.

Honduras.- Los diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel, tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional esta iniciativa.

Lea: Sala Constitucional declara inconstitucionalidad de artículo en Ley ZEDEs

El gobierno hondureño, encabezado por el oficialismo, ha pedido que se inicien acciones legales en contra de quienes aprobaron la controvertida legislación.

Esto, según los líderes oficialistas se debe a que los legisladores incurrieron en el delito de traición a la patria.

Iniciativa del presidente del Congreso Nacional

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha instado al Ministerio Público a enjuiciar a los legisladores que dieron su voto favorable a la creación de las ZEDEs durante administraciones anteriores.

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Lea: MP «debe perseguir, enjuiciar y obtener condenas» a los que aprobaron las ZEDEs, recomienda Redondo – HONDUSATV

La acusación de traición a la patria, contemplada en el artículo 555 del Código Penal hondureño.

Esta establece penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de la inhabilitación de cargos públicos por un periodo equivalente al doble de la sentencia.

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Este delito abarca actos que menoscaben la integridad territorial del país, sometan a Honduras a dominio extranjero o comprometan su soberanía.

«El hondureño que ejecute actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república (…) debe ser castigado con las penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión», reza el artículo 555.

“El hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado, así como quien realiza cualquiera de los actos tipificados en la Constitución de la República como traición a la patria, deben ser castigados con las penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión”

Reacción de la oposición

En contraste, sectores de la oposición han criticado esta postura, advirtiendo sobre una posible persecución política.

Líderes opositores han manifestado que no se debe juzgar a los diputados por decisiones tomadas en administraciones anteriores, y han rechazado cualquier intento de instrumentalizar la justicia con fines políticos.

Lea: Próspera alerta sobre “graves repercusiones” si CSJ declara inconstitucional las ZEDEs

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Posición de la presidenta Xiomara Castro

La presidenta de la República, Xiomara Castro, ha sido una de las voces más críticas hacia las ZEDEs, calificando su aprobación como una «traición a la patria».

Tras la derogación del decreto que daba vida a las ZEDEs, Castro afirmó: «Este día será recordado por siempre».

“Este día será recordado por siempre, como el día de la Dignidad y la Soberanía de Honduras recuperada con el fallo de la Corte que derogó el decreto de traición a la Patria”

Exhortaciones para acciones judiciales

El diputado Jari Dixon, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), también ha solicitado al Fiscal General, Johel Zelaya, que emprenda acciones judiciales contra los diputados que aprobaron la creación de las ZEDEs en 2013.

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Dixon argumenta que los parlamentarios que apoyaron esta legislación deberían enfrentar cargos por traición a la patria.

Independientemente de que la ley haya sido promulgada hace más de una década.

En esta línea, aquellos legisladores que votaron a favor de la ley orgánica de las ZEDEs en 2012 y 2013, así como quienes la ratificaron en 2017, podrían ser objeto de procesos judiciales en el futuro cercano.

Un conflicto de fondo

El debate sobre las ZEDEs ha generado una profunda división en la política hondureña.

Mientras que el oficialismo las condena como un ataque a la soberanía nacional.

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La oposición insiste en que estas acciones son meramente políticas y no deben retrotraerse a decisiones pasadas.

El tema se perfila como un punto de tensión en el escenario político, con el potencial de desembocar en procesos judiciales.

Mismos que podrían tener consecuencias significativas para varios actores políticos.

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