Honduras: Reducción de homicidios no detiene inseguridad

A pesar de la disminución de homicidios, Honduras sigue siendo el país más inseguro de Centroamérica, según la CIDH.

Honduras.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha revelado que, a pesar de una disminución en la tasa de homicidios, Honduras sigue siendo el país más inseguro de Centroamérica.

Este sombrío panorama, delineado por la CIDH en su reciente informe, subraya la persistencia de la violencia en el país y sus devastadoras implicaciones.

El informe, derivado de una «visita in loco» realizada en abril de 2023.

Destaca la continua vulnerabilidad de diversos grupos, incluidas mujeres, niños y jóvenes, frente a la violencia.

La presencia marcada de maras y pandillas ha exacerbado esta problemática.

Generando un ambiente de inseguridad que ha permeado todos los estratos de la sociedad hondureña.

La CIDH ha identificado múltiples manifestaciones de violencia que han dejado un impacto desproporcionado en diferentes segmentos de la población.

Desde desplazamientos forzados hasta violaciones de derechos humanos, los efectos de esta realidad violenta son profundamente perjudiciales y, lamentablemente, persisten a pesar de los esfuerzos por abordarlos.

La presidenta de la CIDH, Andrea Pochak, ha destacado las causas fundamentales detrás de esta crisis, señalando la desigualdad, la pobreza y la corrupción como factores clave que alimentan la violencia en Honduras.

En este contexto, la institución insta al Estado a adoptar medidas integrales que aborden estas raíces profundas del problema, promoviendo así un cambio sostenible en materia de derechos humanos.

Además, la CIDH ha expresado su preocupación por la militarización de la seguridad pública y la continua implementación de estados de excepción en Honduras.

Estas medidas, consideradas excepcionales por la CIDH, plantean serias interrogantes sobre la dirección de la política de seguridad del país y su impacto en los derechos humanos.

En respuesta a estas preocupaciones, la CIDH ha instado al gobierno hondureño a adoptar una política de seguridad integral basada en los derechos humanos, restaurando así la confianza de la ciudadanía en las instituciones y fortaleciendo el Estado de derecho.

Aunque se reconoce el progreso realizado por Honduras en materia de derechos humanos, queda claro que aún queda un largo camino por recorrer.