Hondureña ignoró la orden de deportación y ahora pagará más de $1.8 millones

ICE impone multa récord de más de 1.8 millones de dólares a inmigrante hondureña por ignorar orden de deportación.

Miami, Estados Unidos.- Una inmigrante hondureña residente en Florida fue sancionada con una multa superior a 1.8 millones de dólares por incumplir una orden de deportación.

Dicha orden fue emitida hace dos décadas, en lo que se considera una de las sanciones civiles más elevadas impuestas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo el amparo de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.

La hondureña —de 41 años, madre de tres hijos nacidos en Estados Unidos y con más de 30 años de residencia en el país— recibió el pasado 9 de mayo una notificación oficial con el requerimiento de pago por un monto total de 1,821,350 dólares.

origen de la sanción

La drástica medida se basa en una orden de deportación en ausencia emitida contra la hondureña en abril de 2005, la cual nunca fue cumplida.

El caso volvió a activarse luego de que la mujer solicitara en 2023 la reapertura del proceso, acogiéndose a la conocida “Ley de los 10 Años” o Cancelación de Deportación.

Una disposición legal que permite frenar la expulsión de ciertos migrantes indocumentados que han residido durante una década o más en EE.UU.

La normativa les permite a aquellos que tengan buen comportamiento y puedan probar que su salida afectaría severamente a familiares ciudadanos estadounidenses un amparo para su estadía.

Michelle Sánchez, abogada de inmigración y representante legal de la afectada, que su clienta cumple con todos los requisitos establecidos por dicha normativa.

La defensora calificó la multa como un intento desproporcionado de intimidación que ignora las garantías legales vigentes para casos de arraigo humanitario.

Antecedentes y contexto legal

Esta no es la primera vez que ICE recurre a sanciones civiles de gran envergadura como herramienta de disuasión.

Durante el primer mandato del expresidente Donald Trump, la administración promovió el uso de multas millonarias contra inmigrantes en situación irregular.

Particularmente aquellos que se refugiaban en iglesias u otros lugares designados como “santuarios” para evitar su detención.

En 2019, por ejemplo, la mexicana Edith Espinal recibió una multa de 497,777 dólares tras no acatar una orden de deportación de 2017.

Pese a la magnitud del caso, ICE terminó cancelando el cobro tras una prolongada batalla legal y presión mediática.

Debate legal y económico en curso

El caso de la hondureña reaviva el debate sobre el uso de instrumentos económicos como medida de coerción migratoria.

En un contexto en el que millones de migrantes indocumentados en EE.UU. aportan de forma significativa a la economía local, sin acceso pleno a derechos ni beneficios.

Expertos consultados consideran que estas multas no sólo resultan difíciles de recaudar. Sino que, también generan impactos adversos en la estabilidad económica de familias que ya enfrentan altos niveles de vulnerabilidad, precariedad laboral y discriminación institucional.