Medidas cautelares a exdiputada por fraude millonario

Medidas cautelares dictadas a exdiputada de Choluteca acusada de fraude. Audiencia programada para enero tras desvío millonario de fondos públicos a ONGs sin rendición de cuentas.

Honduras.- La exdiputada Gladys Bernarda Casco Cruz, del departamento de Choluteca, se vio bajo la lupa de la justicia en una reciente audiencia en el Juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Acusada de fraude contra la administración pública, su comparecencia ante el juez ha desencadenado una serie de medidas cautelares en lugar de su detención.

En un acto voluntario, Casco Cruz se presentó ante el juzgado, donde se dictaron medidas cautelares específicas.

La resolución del juez no incluyó la detención judicial, pero estableció condiciones precisas para el caso.

La audiencia inicial, crucial en este proceso, ha sido programada para el 4 de enero de 2024 a las 9:00 de la mañana.

La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, fue la encargada de informar sobre esta audiencia.

Detalló las medidas que el juez impuso a la encausada: prohibición de salir del país, obligación de presentarse cada quince días para firmar en el juzgado y estar bajo la supervisión de su representante legal.

Este caso involucra a un total de siete personas, entre ellas Sara Medina, Carlos Guevara, José Rogelio Sánchez García, Giovanni Castellano Deras, Miguel Ángel Gámez y Freddy Mondragón, junto a Gladys Bernarda Casco.

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Los hechos que rodean esta acusación están relacionados con el supuesto desvío de más de 42 millones de lempiras de las arcas del Congreso Nacional, en el que estos individuos se involucraron como cooperadores necesarios.

Según la Fiscalía, este acto se habría llevado a cabo a través de varias ONGs.

Los fondos desviados se distribuyeron mediante 70 cheques y seis transferencias a favor de 56 beneficiarios, de los cuales más de 19 millones de lempiras se retiraron en efectivo sin identificar su destino final.

La Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras, una de las ONGs mencionadas, no proporcionó informes de liquidación sobre los fondos desviados.

Los fiscales, durante la audiencia inicial, resaltaron la falta de estos informes cruciales.

El proceso de desvío de fondos supuestamente se llevaba a cabo a través del Fondo de Desarrollo Departamental, destinado a proyectos sociales a través de estas ONGs.

Sin embargo, los fondos terminaban en cuentas personales de los diputados encargados de tramitarlos, siendo utilizados para fines distintos a los designados inicialmente.

El próximo capítulo de este proceso judicial, fijado para enero, será crucial para dilucidar las responsabilidades en este presunto fraude contra el erario público.