Obtiene comiso definitivo de bienes de exfiscal

Ministerio Público asegura siete propiedades y productos financieros de Juan Gonzáles, exfiscal, sentenciado por enriquecimiento ilícito.

Honduras.- Ministerio Público logra el comiso definitivo de siete bienes presuntamente adquiridos de manera ilícita por el exfiscal Juan Francisco Gonzáles Euceda, quien fue declarado culpable por el delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión judicial, emanada tras una detallada investigación, implica la privación de dominio sobre tres terrenos, dos ubicados en El Progreso, Yoro, y uno en la aldea Las Mesas, del municipio de San Antonio del Norte, Francisco Morazán.

Además, cuatro productos financieros también están sujetos a esta medida, sumando un valor total de más de un millón de lempiras (L. 1.346,562.32) que se presume no pudo ser justificado por el exfuncionario.

#MP logra fallo que declara comiso definitivo sobre bienes de exfiscal, sentenciado por enriquecimiento ilícito https://t.co/8JThNHuJf9 pic.twitter.com/4x5KVO9hEl

— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 13, 2024

El origen de este caso se remonta al año 2007, cuando la entonces Fiscalía Contra la Corrupción recibió una denuncia por abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito contra Gonzáles Euceda, quien en ese momento ejercía como fiscal en El Progreso.

Una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Operación Perla, coordinada entre la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), reveló inconsistencias significativas entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado por el exfiscal.

La detección de un incremento millonario en su patrimonio, no compatible con sus ingresos legítimos como servidor público, fue corroborada mediante una declaración jurada presentada ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), lo que consolidó las sospechas de enriquecimiento ilícito en su contra.

Como resultado de esta acción coordinada entre instituciones del Estado, los bienes en cuestión han sido transferidos a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), como parte de un esfuerzo conjunto por salvaguardar los recursos públicos y combatir la impunidad en casos de corrupción.