Derechos Humanos condenan asesinato de ambientalista Juan López – HONDUSATV

Tegucigalpa. – Las organizaciones ASOPODEHU y JOPRODEH, ven con suma preocupación los hechos derivados de la muerte violenta del comunicador social y ambientalista Juan Antonio López, ocurrida la noche del pasado sábado 14 de septiembre en la ciudad de Tocoa, Colón, la que ha provocado la reacción de lideres de movimientos sociales, organizaciones civiles y ha levantado los reclamos de los distintos sectores que condenan este salvaje hecho.

Una de las reacciones más inesperadas y contundentes son las del sacerdote católico de la Parroquia San Isidro, Carlos Orellana, quien ha señalado de forma tácita a quienes ellos consideran «son los responsables de ordenar la muerte del compañero Juan Antonio López, principalmente al Alcalde Municipal de Tocoa Adán FÚNEZ, lo que supone un riesgo real para el valiente e indignado sacerdote que se atreve a denunciar a los asesinos de un compañero de lucha y de parroquia».

El Ministerio Público por medio de uno de sus voceros indicó, que el sacerdote Carlos Orellana será llamado en el marco de la investigación, pero estas organizaciones muestran preocupación porque ningún ente de seguridad se ha manifestado en el sentido de darle protección, por el riesgo que su denuncia deriva.

Por lo que hacen un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y las instituciones de seguridad del Estado a garantizar la protección de su vida e integridad física y psíquica, así como el desarrollo de una investigación objetiva, que conduzca a la verdad y el castigo para todos los criminales que cometieron este vil hecho.

«El Mecanismo Nacional de Protección a Defensores debe ejercer su función y de oficio proceder a evaluar la situación de riesgo del sacerdote, y dictar las medidas de protección necesarias, se debe actuar con la urgencia que el caso amerita y abandonar la displicencia que ha caracterizado a ese ente en los últimos años».

Finalmente, alertan a la comunidad nacional e internacional y la Iglesia Católica, sobre la situación de seguridad del sacerdote Carlos Orellana para ejercer la presión para que el Estado asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para su protección.