¡Trancazo!: Aumento drástico en las tarifas de peaje

El inminente incremento del peaje en Honduras genera preocupación entre los usuarios, impactando la economía y cuestionando la transparencia en la gestión vial.

Honduras.- Desde el próximo lunes 15 de enero, los usuarios de la carretera CA-5 en Honduras se enfrentarán a un significativo incremento en las tarifas de peaje, según ha anunciado la Concesionaria Vial de Honduras (Covi).

Este aumento, que se realiza anualmente y tiene en cuenta factores como la inflación y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se implementará sin diálogo previo entre el gobierno y la empresa concesionaria, generando preocupación entre los afectados.

Aunque la Covi ha justificado el incremento, indicando que no se han aplicado ajustes desde el año 2020, el gobierno no ha entablado conversaciones para evitar la entrada en vigencia de estas nuevas tarifas.

Los usuarios de la carretera CA-5, que conecta importantes destinos en el país, se verán especialmente afectados, ya que se espera un aumento de más del 20 % en la tarifa actual.

Para los conductores de vehículos livianos, que actualmente pagan 22 lempiras por caseta de peaje, la nueva tarifa será de 27 lempiras, representando un incremento de cinco lempiras.

Este aumento varía según los ejes de los vehículos, siendo más significativo para el rubro de equipo pesado, donde la tarifa pasará de 269 a 329 lempiras, con un aumento de 60 lempiras.

Es importante destacar que la concesión de peajes en Honduras fue aprobada por un periodo de 22 años, abarcando desde 2015 hasta 2037.

Sin embargo, la falta de diálogo entre el gobierno y la Covi en relación con este aumento plantea interrogantes sobre la transparencia y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente a la economía de los hondureños.

Este ajuste tarifario no solo impactará los bolsillos de los conductores, sino que también podría tener consecuencias económicas más amplias, generando debates sobre la gestión de las concesiones viales y la necesidad de establecer mecanismos que garanticen una comunicación efectiva entre las autoridades gubernamentales y las empresas concesionarias.