TSC revela graves irregularidades en el manejo de fondos de la SEDESOL vinculados a diputada Isis Cuéllar y exsecretario José Carlos Cardona

Tegucigalpa.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) confirmó en un informe especial una serie de irregularidades en la gestión del Fondo de Administración Solidaria (FAS) por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante el 2023, señalando un uso discrecional y arbitrario de fondos públicos que habrían beneficiado a personas vinculadas políticamente a la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo y al entonces secretario de Estado, José Carlos Cardona Erazo.

El documento establece que el FAS incumplió el objetivo de su creación, ya que los fondos no se asignaron en beneficio directo de comunidades y organizaciones sociales, sino que fueron administrados de manera opaca y sin controles. Según el TSC, la distribución se realizó “sin criterios técnicos ni verificables”, exponiendo al Estado a un uso arbitrario de recursos.

Entre las revelaciones más graves, se señala que en mayo de 2023 se destinaron 6.5 millones de lempiras para proyectos solicitados por la diputada Cuéllar, mediante la emisión de 67 cheques. Nueve de estos fueron anulados, pero el resto terminó generando operaciones irregulares de canje y devolución, lo que derivó en pagos por más de 5.1 millones de lempiras. Testimonios recogidos por el TSC confirman que varios supuestos beneficiarios nunca recibieron los fondos y que los cheques fueron utilizados para entregar dinero en efectivo a colaboradores cercanos de la diputada.

Además, el informe señala que se identificó una estrategia sistemática para asignar recursos a personas con vínculos familiares o políticos con Cuéllar, incluso a beneficiarios con condiciones económicas favorables, propietarios de bienes inmuebles y empleos estables, contradiciendo el espíritu del programa. También se documentaron operaciones de canje masivo de cheques en agencias de BANADESA en San Pedro Sula y Gracias Lempira, lo que refuerza los indicios de manipulación.

El TSC también apunta a la responsabilidad del exsecretario Cardona, quien aprobó el reglamento interno del FAS sin publicarlo en La Gaceta y permitió un manejo discrecional de los recursos. La ausencia de mecanismos de control, sumada a la participación de colaboradores políticos en la gestión de los fondos, consolidó un esquema de corrupción que debilitó la confianza institucional.

Finalmente, el informe advierte que varias obras sociales previstas no se ejecutaron, detectándose materiales de construcción abandonados, inadecuados o almacenados en condiciones precarias. El TSC concluye que estas prácticas fomentan la impunidad y socavan la legitimidad de las políticas sociales.

El caso ahora queda en manos del Ministerio Público, que deberá evaluar las recomendaciones del Tribunal y determinar si procede acción penal contra los responsables. Sin embargo, el informe pone en evidencia un patrón de corrupción reiterada en el manejo de programas sociales que, en lugar de aliviar la pobreza, se han convertido en botín político.