Alertan sobre falsificación de órdenes judiciales de desalojo

Autoridades del INA advierten sobre la emisión de órdenes de desalojo falsificadas, sin firmas judiciales, generando preocupación en disputas de tierras.

Honduras.- Las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA) han emitido una advertencia importante en relación con la emisión de órdenes de desalojo falsificadas.

Esta situación ha generado cierta preocupación en medio de las constantes disputas por la propiedad de tierras en Honduras.

El subdirector del INA, Rafael Alegría, informó que se han detectado varias órdenes que no cuentan con la firma de un juez ni el aval correspondiente de la institución, lo que indica un posible uso fraudulento de estas acciones para llevar a cabo desalojos ilegales.

Alegría destacó que existen intereses ocultos que están manipulando la situación, lo que ha llevado a la institución a solicitar a la población que tome precauciones ante posibles irregularidades.

Aseguró que se está trabajando en un protocolo de desalojos donde intervienen la empresa privada, el gobierno, y organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, afirmó el funcionario.

El subdirector del INA recordó que los desalojos solo pueden ser ejecutados si son ordenados por un juez con competencia nacional, subrayando que cualquier otra acción en este sentido carece de validez legal.

Sin embargo, las autoridades han identificado varios casos en los que se han utilizado órdenes de desalojo falsas, lo que ha llevado a situaciones de desalojo forzoso sin el respaldo judicial necesario.

Ante esta problemática, el INA ha mantenido reuniones con diversos sectores, incluyendo empresarios y organizaciones campesinas, para abordar la prevención de las invasiones de tierras.

Impacto en la seguridad jurídica y social

Actualmente, miles de hectáreas en la zona norte del país están siendo disputadas por grupos que afirman ser campesinos y que alegan tener derecho a utilizar estas tierras para cultivos, mientras los empresarios reclaman la propiedad legal de las mismas.

La disputa ha llegado a los tribunales, donde ambas partes buscan una resolución definitiva.

Esta situación ha generado tensión en las áreas afectadas y ha resaltado la necesidad de un mayor control y supervisión en los procesos de desalojo, para evitar que actos ilegales afecten tanto a las comunidades como a los propietarios legítimos de las tierras.

Las autoridades del INA se han comprometido a seguir trabajando en conjunto con el sector privado y los organismos internacionales para garantizar que los desalojos se realicen de acuerdo con la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.

Este fenómeno de falsificación de órdenes de desalojo no solo afecta a los empresarios, sino también a la seguridad jurídica y social en las zonas rurales del país.

La existencia de estos documentos fraudulentos pone en riesgo el equilibrio en la tenencia de tierras y podría incrementar los conflictos entre campesinos y empresarios.

La preocupación radica en que, si no se controla esta práctica, los desalojos ilegales podrían provocar una mayor crisis agraria, con implicaciones negativas tanto para el sector agrícola como para el desarrollo económico de las regiones afectadas.

Las autoridades han hecho un llamado a los jueces y otros actores del sistema de justicia para reforzar los mecanismos de verificación y autenticación de las órdenes de desalojo, evitando así que se sigan presentando estos incidentes.