CN aprueba reformas que intensificarán lucha frontal contra la extorsión

Tegucigalpa.- El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientadas a endurecer el combate contra la extorsión, las maras y pandillas y otras estructuras criminales que afectan a la población hondureña.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad, busca fortalecer las herramientas legales de los operadores de justicia para enfrentar uno de los delitos que más golpea a distintos sectores del país, especialmente al transporte, pequeños comerciantes y emprendedores de barrios y colonias.

Durante la sesión legislativa, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó la necesidad urgente de fortalecer la seguridad ciudadana mediante reformas que permitan actuar de manera más efectiva contra quienes se dedican a la extorsión y otros delitos organizados.

Zambrano lamentó que en administraciones anteriores no existiera una verdadera voluntad para combatir este fenómeno criminal y recordó el desmantelamiento de la Fuerza Nacional Antiextorsión, cuyos integrantes —según afirmó— habían sido capacitados y certificados por agencias internacionales.

El dirigente nacionalista señaló además que los diputados tienen la obligación de “ponerse en los zapatos de la gente” afectada por las amenazas y cobros ilegales. Entre los sectores más perjudicados mencionó al transporte público, comerciantes de mercados y mercaditos, pulperías y pequeños negocios que operan en comunidades vulnerables.

Asimismo, sostuvo que la política de seguridad debe ir acompañada de un sistema penitenciario más sólido, que impida que desde las cárceles se continúen ordenando delitos. En ese sentido, planteó la necesidad de identificar fuentes de financiamiento para construir nuevos centros penales.

También señaló que, conforme a la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas deben contar con autorización para colaborar en tareas de seguridad ciudadana junto a la Secretaría de Seguridad.

Reformas aprobadas

El presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Marcos Paz, explicó que las reformas incrementan las penas relacionadas con la extorsión y agregan agravantes cuando en la comisión del delito participen mujeres, menores de edad, servidores públicos o empleados del sistema financiero.

Entre los cambios más importantes destacó el aumento de penas por revelación de secretos y por el uso ilegal de indumentaria militar o policial.

Además, las reformas amplían el alcance del delito de extorsión para perseguir no solo a quienes entregan amenazas o realizan cobros, sino también a quienes faciliten las operaciones financieras vinculadas a este ilícito.

De acuerdo con Paz, ahora podrán ser procesadas personas que:

• Entreguen, paguen, transfieran o depositen dinero producto de la extorsión.
• Presten cuentas bancarias para movilizar fondos ilícitos.
• Retiren dinero proveniente de la extorsión.
• Inviertan o reinviertan recursos obtenidos mediante este delito.

Las reformas también contemplan atenuantes para quienes colaboren eficazmente con las autoridades en la desarticulación de bandas criminales.

Otro de los puntos aprobados obliga a las empresas de telecomunicaciones a mantener registros más rigurosos y verificables de sus clientes. Dichos datos deberán estar disponibles para las autoridades judiciales en un plazo máximo de 24 horas cuando sean requeridos en investigaciones.

Respaldo de distintas bancadas

El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, expresó el respaldo total de su partido a las reformas, asegurando que aprobar medidas de este tipo implica riesgos y amenazas, pero también representa una responsabilidad con la población.

Cálix confirmó que los 41 diputados liberales votarían a favor del proyecto y aseguró que el objetivo es “golpear a la extorsión y a quienes juegan con la vida de los más humildes”.

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Carlos Cano, afirmó que las reformas fortalecen la lucha contra la criminalidad sin vulnerar el Estado de derecho y representan una herramienta clave para el Ministerio Público y las instituciones de seguridad.

Desde el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), el diputado Julio Meléndez también respaldó la iniciativa y manifestó que las reformas responden a las peticiones de los entes de investigación y a la necesidad de reducir la mora judicial.

Mientras tanto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, afirmó que la ciudadanía está cansada de la delincuencia y celebró que el Congreso Nacional haya respondido a ese clamor.

“Este Congreso Nacional no está ni sordo ni ciego ni mudo”, expresó Fajardo al anunciar el apoyo total de su bancada a las reformas.

Asimismo, destacó la creación de una agencia nacional contra el crimen y advirtió que, una vez aprobadas las reformas, las autoridades deberán demostrar resultados concretos.

Observaciones de Libre

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, recordó algunas acciones implementadas por su partido cuando estuvo en el Gobierno, incluyendo el estado de excepción.

Aunque la bancada de Libre forma parte de la Comisión de Seguridad, según indicó Marcos Paz, no participó en el proceso de dictamen de las reformas. Sarmiento solicitó que el proyecto fuera discutido artículo por artículo en el pleno legislativo.

El parlamentario también manifestó preocupación por un posible uso político de las reformas para perseguir a miembros de Libre, algo que fue rechazado por Paz.

“Nada ideológico”

Finalmente, Tomás Zambrano insistió en que el contenido de las reformas no tiene motivaciones políticas ni ideológicas.

“Esto no tiene nada que ver con política; esto tiene que ver con la única intención de darle seguridad al pueblo hondureño”, sostuvo.

Además, aseguró que las reformas no buscan atacar al Partido Libertad y Refundación ni vincularlo con estructuras criminales, y recordó que en el pasado Libre promovió reformas relacionadas con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para perseguir a la oposición mediante mecanismos de inteligencia y seguridad.

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