Coronel Arita y abogado Rodríguez: En audiencia inicial acusados de lavado de activos

En audiencia inicial, acusados de lavado de activos el coronel Arita y abogado Rodríguez. Ellos enfrentan cargos por la presunta entrega de fondos a reclusos, desatando investigaciones sobre su origen y destino en el centro penal.

Honduras.- En audiencia inicial programada para las 9 de la mañana en los juzgados especializados en Corrupción, el coronel Rodimiro Arita y el abogado Luis Antonio Rodríguez Alvarado.

Ambos, han sido acusados de presuntos delitos de lavado de activos y violación de deberes como funcionarios.

Las acusaciones, centradas en el coronel Arita, lo señalan por presuntos delitos de lavado de activos y violación de sus deberes oficiales.

Rodríguez Alvarado, quien ostenta el cargo de asesor penitenciario, también se encuentra bajo la lupa, acusado de estar involucrado en el intento de introducir cerca de medio millón de lempiras.

Según la defensa, la suma de 445 mil lempiras se destinaba supuestamente para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de los familiares de los 1,743 reclusos.

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Esto se traduciría, según los abogados defensores, en una cena para el 24 y el 31 de diciembre, promediando un gasto de 120 lempiras por cada individuo privado de libertad.

Ayer lunes, 18 de diciembre, Diana Gissela Zelaya Banegas, abogada supuestamente involucrada en la entrega de dicha suma al director del centro penitenciario «La Tolva», Rodimiro Arita, fue detenida y, tras comparecer en una audiencia de imputados, se le dictó detención judicial.

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La acusación del Ministerio Público conlleva la detención preventiva del coronel José Rodimiro Arita, responsable del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva).

Las acusaciones incluyen delitos de lavado de activos y violación de sus deberes como funcionario, relacionados con la supuesta colaboración con pandillas y maras, ligada a la entrega del dinero a personas privadas de libertad.

La fiscalía, en su investigación, busca esclarecer el origen de los fondos, su ruta hasta el centro penal, su destinatario final y si estos recursos estaban relacionados con actividades ilícitas como el lavado de dinero producto de extorsiones.

Importante resaltar que el centro penal de Morocelí alberga exclusivamente miembros de la mara 18 entre los reclusos.

En este contexto, las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), responsables de los centros penales en el país, han puesto a disposición de la Fiscalía tanto al coronel como al abogado para continuar con las indagaciones pertinentes, siendo este un caso que se suma a anteriores episodios de ingreso de importantes sumas de dinero a dicho centro penal, según investigaciones previas.

Este suceso, que continúa bajo el escrutinio judicial y fiscal, plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de fondos destinados a establecimientos penitenciarios y su potencial conexión con actividades ilícitas, reflejando la necesidad de una investigación exhaustiva y rigurosa para esclarecer los hechos y sus implicaciones.

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