Daniel Ortega cerró la escuela de negocios INCAE y ordenó decomisar sus bienes – HONDUSATV

Tegucigalpa. – La dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación de Nicaragua, canceló este lunes la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, bajo el argumento de que incumplió con las leyes que lo regulan.

La sede del INCAE en Nicaragua, ubicado en las afueras de Managua, acogió en 2019 una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, en la que participó el Vaticano y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El INCAE, inscrito ante el Ministerio de Gobernación desde el 1 de enero de 2009, fue disuelto por estar “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de esa cartera, según el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

La cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, indicó que disolvieron el INCAE por no presentar sus estados financieros 2020, 2021 y 2022, asimismo porque detectaron “inconsistencias” en los estados financieros de los períodos 2015-2019.

Además, por incumplir con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.

Asimismo, la cartera de Gobernación, que dirige María Amelia Coronel Kinloch, acusó al INCAE de obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, “ya que, al no cumplir sus obligaciones, no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecuciónde sus proyectos y si fueron acordes a sus objetivos o fines”.

En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles del INCAE, el Ministerio de Gobernación ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua, lo que permitirá al régimen de Ortega hacerse con el control de su sede.