Denuncia al tratado de extradición queda en suspenso hasta 2026 informa canciller

El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, anunció que el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos continuará vigente hasta el 27 de enero de 2026. Será el próximo gobierno, que asuma en esa fecha, el encargado de decidir si suspende o renegocia el acuerdo.

La declaración se dio durante una conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores, poco después de que la presidenta Xiomara Castro confirmara un acuerdo con la administración estadounidense para prorrogar la vigencia del tratado. Según explicó Reina, esta decisión busca garantizar procesos de extradición objetivos y libres de politización, especialmente ante el próximo proceso electoral.

El funcionario indicó que el objetivo del acuerdo es evitar que los procesos de extradición sean utilizados con fines políticos, protegiendo así la estabilidad institucional y el desarrollo del proceso democrático en Honduras.

«El acuerdo es precisamente que se maneje un proceso de extradición objetivo, netamente legal y netamente basado en circunstancias factuales reales y de ninguna forma politizadas, para no poner en riesgo algo muy importante para Honduras como es su proceso electoral», manifestó.

Además, señaló que la continuidad del tratado no debe comprometer la integridad de las Fuerzas Armadas, aludiendo a señalamientos previos contra altos funcionarios militares, los cuales según el canciller carecían de pruebas concretas.

Reina también destacó que se abre una nueva etapa en la relación bilateral con Estados Unidos, guiada por criterios acordes a la nueva administración Trump. Subrayó que cualquier solicitud de extradición será evaluada desde un enfoque estrictamente legal, sin favoritismos hacia actores políticos.

La decisión de mantener el tratado se tomó a pocos días de que expirara. Desde su implementación, más de 60 hondureños, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico, han sido extraditados a Estados Unidos.

La prórroga del acuerdo, por tanto, refleja el compromiso del gobierno hondureño con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del Estado de Derecho, aunque deja en manos del próximo gobierno la definición de su futuro.