Desplazamiento forzado en Honduras: Más de 10 mil víctimas

Un informe alarmante revela que más de 10 mil personas en Honduras enfrentaron el desgarrador desplazamiento forzado por violencia entre 2019 y 2022, evidenciando una realidad desafiante y angustiante.

Honduras.-En un período de cuatro años, entre 2019 y 2022, un crudo espectro de violencia obligó a más de 10 mil individuos a enfrentar el flagelo del desplazamiento forzado en Honduras, según reveló la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Este informe alarmante, presentado por la UDFI, resalta que durante este lapso se atendieron 4,192 quejas que involucraban a unas 10,288 personas, mostrando un panorama desgarrador de riesgo y sufrimiento humano debido al desplazamiento forzado.

Además, se detalla con preocupación que se reportaron 132 casos de reclutamiento forzado, un símbolo de la cruel realidad que afecta a la población hondureña.

Los métodos utilizados para el reclutamiento forzado revelan una angustiante narrativa: individuos coaccionados para cometer actos delictivos, empleados como informantes, convertidos en sicarios o forzados a participar en actividades de extorsión, transporte de drogas y relaciones de pareja bajo presión.

El año 2022 emergió como un punto crítico, ya que se registraron 46 quejas de reclutamiento forzado, involucrando a 78 personas.

De ellas, el 70% estuvo en riesgo de desplazamiento, mientras que el 30% restante sufrió el desplazamiento forzado, un dato que refleja la magnitud del sufrimiento humano durante ese año.

Las cifras pintan una dispersión geográfica dolorosa: cinco departamentos se convirtieron en escenario de este reclutamiento forzado.

Francisco Morazán lideró con el 48% de los casos, seguido por Atlántida con el 22%, Cortés con el 17%, Choluteca con el 11%, y Olancho con el 2%.

Estos números reflejan la dolorosa realidad de la necesidad de desplazarse para preservar la integridad y la vida.

Entre los afectados se encuentran menores en edad escolar, adolescentes, jóvenes y trabajadores informales, todos enfrentando amenazas directas, violencia sexual e incluso trata de personas.

Los perpetradores, con promesas ilusorias de protección y pertenencia, despojan a estas víctimas de su seguridad y dignidad.

Blanca Izaguirre, titular del Conadeh, ha instado al Estado hondureño a asumir su responsabilidad en la prevención del reclutamiento forzado, exigiendo protección para las víctimas y el respeto absoluto hacia su dignidad, vida e integridad.

«Nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes», enfatizó la Comisionada de Derechos Humanos.

El vínculo entre el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores por grupos delictivos ha sido señalado repetidamente por el Conadeh y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre la vulnerabilidad especial de niños y adolescentes en contextos con presencia de grupos violentos y criminales.

La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que “la falta de garantía efectiva a diversos derechos reconocidos a niñas, niños y adolescentes los sitúa en una condición de especial vulnerabilidad que, en contextos con presencia de grupos violentos y criminales, los expone a ser captados, utilizados, abusados y explotados por estos grupos”

El fenómeno del desplazamiento forzado interno en Honduras adquirió notoriedad desde 2013, llevando al Estado a reconocer oficialmente esta problemática y establecer la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia en el país.

En agosto de 2016, con la asistencia técnica del ACNUR, el Conadeh activó la UDFI, buscando monitorear este fenómeno de forma continua mediante análisis cualitativos.

Este informe revela una realidad desgarradora y pone de relieve la urgente necesidad de medidas efectivas para proteger a quienes son víctimas de este ciclo de violencia y desplazamiento en Honduras.