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Estados Unidos

EEUU: Autorizan redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales

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El gobierno de Trump autoriza redadas migratorias en escuelas, iglesias y hospitales, revocando la directriz que protegía estos lugares.

Estados Unidos.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un giro significativo a las políticas migratorias al autorizar este martes las redadas de inmigración en lugares considerados previamente como “protegidos”, como escuelas, iglesias y hospitales.

Esta medida revoca una directriz de la administración de Joe Biden, que restringía tales operaciones en estos sitios con el objetivo de proteger el acceso de los inmigrantes a servicios esenciales.

Revocación de la política de Biden y sus implicaciones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó que la revocación de la directriz de Biden otorgará a los agentes de migración mayores facultades para actuar y “seguir las leyes”, permitiendo la captura de aquellos denominados como “criminales extranjeros”.

Aunque el gobierno de Trump no ha presentado pruebas o ejemplos específicos, un portavoz del DHS afirmó que individuos que se consideran “criminales” se “esconden” en centros educativos y religiosos para evitar ser arrestados.

Esta medida fue tomada un día después de la toma de posesión de Trump, quien reiteró su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos.

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La directriz derogada había sido emitida en 2021 por el gobierno de Biden, y prohibía las redadas sin la aprobación de un superior en sitios sensibles, como centros de salud, lugares de culto, y refugios para víctimas de violencia doméstica.

Los “sitios protegidos” y el temor a la reclusión de inmigrantes

La política de Biden intentaba garantizar que los inmigrantes, incluidos aquellos en situación irregular, pudieran acceder a servicios esenciales sin temor a ser detenidos.

Según un memorando de 2021, el objetivo era que las personas extranjeras no se mostraran reacias a acudir a lugares como hospitales, iglesias o refugios tras desastres naturales, por miedo a ser arrestadas.

“Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”, expresaba el documento de Biden.

La política de expulsión inmediata de inmigrantes, de vuelta en la agenda

De manera paralela, Trump ha restablecido la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que permite la deportación rápida de indocumentados sin una audiencia formal.

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Esta medida había sido implementada en su totalidad durante su primer mandato (2017-2021) y fue eliminada por Biden en 2021.

Según la nueva normativa, los indocumentados que hayan estado en el país de manera irregular por menos de dos años serán sujetos a esta expulsión acelerada.

Desde su implementación en 1996, la expulsión inmediata se aplicaba solo a inmigrantes que hubieran ingresado al país en los últimos 14 días, pero la Administración Trump ha ampliado esta política para abarcar a aquellos que han estado en territorio estadounidense durante hasta dos años.

Esta medida, que no requiere intervención de un juez de inmigración y limita el debido proceso, ha generado preocupación entre los defensores de los derechos civiles, quienes temen que sea un paso hacia una mayor criminalización de los inmigrantes indocumentados.

Consecuencias y desafíos legales

La aplicación de la expulsión inmediata llegó a su punto máximo en 2013, cuando 193,000 personas fueron deportadas bajo esta política, lo que representó el 43% de todas las expulsiones en ese año, según el Consejo Estadounidense de Inmigración (AILA).

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En el marco de su política migratoria, Trump también ha promulgado un decreto que elimina el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal.

Este decreto ha sido objeto de una demanda interpuesta por un grupo de 18 estados gobernados por demócratas, que argumentan que esta medida es ilegal y contraria a la Constitución.

En particular, cuestionan la interpretación de la Enmienda 14, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense tiene derecho a la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

En un contexto de creciente polarización política, estas decisiones marcan el retorno de políticas más estrictas en la frontera y el interior de Estados Unidos, con un enfoque que prioriza la expulsión y el control migratorio por medio de redadas, a menudo en detrimento de los derechos de los inmigrantes y las comunidades más vulnerables.

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