Empresas enfrentan requerimiento fiscal por daños ambientales en el parque ‘Carlos Escaleras’

El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), presentó un requerimiento fiscal contra varias personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V., por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», localizado en Tocoa, Colón.

Este parque, conocido por su relevancia ecológica, ha sido objeto de explotación de sus recursos naturales, lo que ha afectado gravemente su biodiversidad y cuencas hidrográficas.

Imputados por daños en el parque Carlos Escaleras:

• Lenir Alexander Pérez Solís (representante legal y presidente del Consejo de Administración de ambas empresas)
• Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos
• Fernando Manaces Padilla Díaz
• Douglas Alexis Alvarenga Mendoza (por explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados)
• Domingo Pineda Puerto (por abuso de autoridad)
• César Noel Padilla Alcántara y Mario Antonio Martínez Padilla (por delitos ambientales)
• José Santos Antúnez Zavala, Víctor Alfonso Romero Molina, Santos Didi Haylock Amaya (por daños agravados)
• Otoniel Flores Mira, Mizraim Ebiazaf Tábora Izaguirre, Filemón Flores Mira (por usurpación de funciones públicas)

Los actos imputados habrían perjudicado al Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, así como al equilibrio de los ecosistemas y al medio ambiente del Estado de Honduras.

Las investigaciones indican que desde el inicio del megaproyecto minero se han cometido múltiples violaciones a normativas ambientales, incluyendo deforestación en áreas no autorizadas.

El requerimiento fiscal destaca la apertura de carreteras y obras dentro de la zona núcleo del parque, utilizando maquinaria pesada y explosivos, lo que ha alterado la superficie y el subsuelo, además de eliminar la vegetación natural.

También se han registrado daños a los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que alimentan la cuenca del río Aguán, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades locales.

Ante estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado la autorización para la restauración del equilibrio ecológico del área afectada.