En libertad se defenderá director de La Tolva, pese a acusaciones con actividades ilícitas

Un juez con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Corrupción dictó el cambio de medidas distintas a la prisión preventiva para el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva), a quien el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) acusa de la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios.

La acusación del Ministerio Público se basa luego de diligencias investigativas que vinculan al coronel Arita de estar supuestamente contribuyendo con maras y pandillas para la introducción de dinero en efectivo al centro penal. Según el expediente, el director de La Tolva fue detenido el pasado 14 de diciembre de 2023 en posesión de 445 mil lempiras en efectivo, previo a ser entregado supuestamente a los reclusos de la pandilla 18.

Posterior a su detención, equipo especializado del Ministerio Público investiga el origen del dinero, quién lo llevó hasta el centro penal, a quién iba dirigido y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones.

Como resultado del trabajo investigativo de los fiscales de la FEES-SJ, el 19 de diciembre de 2023 en audiencia de imputados se obtuvo prisión preventiva para el director de “La Tolva”. Asimismo, el 24 de enero del presente año, se logró que se declarara sin lugar el cambio de medidas debido a los medios de pruebas presentados por el MP.

No obstante, pese a que la defensa presentó los mismos argumentos de solicitud de cambio de medidas que fueron rechazados a principios de 2024, extrañamente hoy lunes un juez declaró Con Lugar la petición y ordenó que Arita se defienda en libertad.

El Ministerio Público, en razón de los delitos imputados al coronel y el peligro que representan los pandilleros recluidos en estas cárceles de máxima seguridad que por años han tenido acceso a grandes cantidades de dinero producto de la extorsión, observa como un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada estas resoluciones judiciales.

Pese a la obstaculización en la impartición de la justicia, fiscales de la FEES-SJ presentarán un recurso de apelación por estar en desacuerdo con dichas medidas impuestas al imputado.